De acuerdo con la resolución de un juicio ciudadano, la edila cuenta con un límite de tiempo para entregar las copias certificadas exigidas, garantizando el acceso a la información

El pleno del TEEH ordenó a la edila de Cardonal transparentar los documentos sobre el buzón de quejas | Fotos: Especial
Por la omisión en la entrega de información para sustentar un punto en una sesión de Cabildo, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) ordenó a la alcaldesa de Cardonal, Karla Monserrat Hernández Cerroblanco, entregar dicha documentación a los regidores que iniciaron un juicio ciudadano en su contra.
En sesión pública, el TEEH resolvió el juicio ciudadano JDC-038/2026 y sus acumulados, en el cual acreditó que la presidenta municipal de Cardonal omitió adjuntar información y documentación relativa al punto denominado “Apertura del buzón de quejas de la administración pública”.
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Por lo anterior, el organismo jurisdiccional electoral ordenó a Hernández Cerroblanco proporcionar a los regidores una “copia certificada de la documentación e información que sirvió de sustento para el desahogo” de dicho tema, en un plazo máximo de cinco días hábiles después de ser notificada.
Asimismo, el TEEH advirtió que, en caso de que la edila de Cardonal no cumpla en tiempo y forma con lo ordenado, “se le impondrá discrecionalmente y sin sujeción” alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 380 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, entre ellas una amonestación pública, una multa económica o un arresto de 36 horas.

En un fallo determinante a favor de la transparencia y el ejercicio del cargo público, el TEEH ha impuesto sanciones económicas a diversos funcionarios del ayuntamiento de Mineral de la Reforma por obstruir el acceso a la información a integrantes del propio Cabildo.
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El dictamen, correspondiente al expediente JDC-017/2026, surge tras la persistente negativa de diversas áreas municipales para entregar documentación técnica y administrativa solicitada por la regidora Marlene Puertas Ramírez.
A pesar de las órdenes previas emitidas por el TEEH, la resistencia administrativa persistió, lo que derivó en la aplicación de medidas de apremio para garantizar el derecho a la información.
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