Durante la anualidad que concluyó se registraron 859 carpetas de investigación por dicho delito, mientras que en 2022 hubo 326 denuncias, de acuerdo con datos proporcionados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
Durante 2023, el número de carpetas de investigación iniciadas por delitos contra la vida, integridad y dignidad de los animales registró un incremento de 163 por ciento en relación con las recabadas en el año inmediato anterior.
Es decir, durante la anualidad que concluyó se registraron 859 carpetas de investigación por dicho delito, mientras que en 2022 hubo 326 denuncias, de acuerdo con datos proporcionados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
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En el año anterior, los meses en que se presentaron más denuncias fueron mayo, con 104 casos; marzo, con 88; junio, con 82; abril, con 77, y enero y noviembre, con 72 cada uno.
La procuraduría estatal detalló que en la mayoría de denuncias no se acredita el delito; es decir, lo que se denuncia no encuadra en el tipo penal que establece el Código Penal del Estado de Hidalgo.
Al respecto, Alba Luisa Jiménez del Ángel, activista independiente y presidenta del refugio La Jauría de Balú, consideró que el principal motivo para que no se acredite el delito es que no hay suficiente preparación y concienciación por parte de jueces y agentes del Ministerio Público (MP).
Puso como ejemplo que este miércoles, durante la audiencia por el caso de un can asesinado en Actopan, el agente del MP de la Unidad de Delitos en contra de Animales solicitó al juez aplazar la audiencia, debido a que no llevaba completa la carpeta de investigación.
“Si los ministerios públicos no se lo toman en serio, no están capacitados y tampoco tienen un principio ético para la defensa de los animales, entonces vamos a seguir viendo carpetazos”, afirmó la activista.
Por otra parte, la activista consideró que debe haber modificaciones en la legislación en la materia, pues indicó que las sanciones son “mínimas”.
El Código Penal de Hidalgo establece que se impondrán de tres meses a un año de prisión y multa de 25 a 50 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) al que dolosamente realice actos de maltrato o crueldad en contra de animales causándoles lesiones.
