Se impusieron sentencias de 60 y 50 años de prisión a dos individuos responsables de un secuestro ocurrido en Tizayuca. El acontecimiento, que tuvo lugar en febrero de 2022, cobró un giro trágico con el fallecimiento de la víctima.
Agentes de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS) presentaron una sólida recopilación de pruebas que resultaron fundamentales para la decisión del tribunal. Los sentenciados, J. J. E. M. y J. R. L. H., han sido hallados culpables de secuestro agravado.
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Los eventos en cuestión se desencadenaron en febrero de 2022, cuando la víctima fue raptada después de abandonar su hogar en su automóvil. Los secuestradores, ahora condenados, se pusieron en contacto con los familiares de la víctima, solicitando un rescate a cambio de su liberación. Las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo emprendieron una investigación en respuesta a la denuncia.
Utilizando tácticas de inteligencia y basándose en evidencias recabadas por el Ministerio Público, las autoridades localizaron y arrestaron en flagrancia a J. J. E. M. y J. R. L. H.
Dos personas fueron sentenciadas por la autoridad judicial, luego de que personal ministerial adscrito a la #UECS probara su responsabilidad en secuestro agravado, ocurrido en #Tizayuca. pic.twitter.com/cMtXz6o9yz
— Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (@PGJE_Hidalgo) August 28, 2023
A pesar de los esfuerzos de las autoridades, el cuerpo sin vida de la víctima fue encontrado en el interior del maletero de un vehículo en el municipio de Zumpango, Estado de México
Tras completar todas las etapas del proceso penal, la unidad antisecuestros logró obtener sentencias de 60 y 50 años de prisión para J. J. E. M. y J. R. L. H., respectivamente, por su participación en el secuestro agravado.
Redacción
Mediante un amparo de la autoridad judicial federal, la excontralora del Concejo Municipal de Pachuca, Giselle Cortés Coria, recibió la modificación de medidas cautelares en el proceso legal que enfrenta por el delito de incumplimiento de un deber legal, por lo que quedará en libertad.
Sin embargo, ello no significa que su juicio no siga en pie, pues dicha reforma consiste en que tendrá que acudir a la Unidad de Medidas Cautelares para estampar su firma periódica y, además, tiene prohibido salir de territorio mexicano, pero la acusación sigue vigente.
