Diputados locales de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Nueva Alianza Hidalgo (Panalh) y los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron una iniciativa para que los funcionarios públicos que con dolo entorpezcan las investigaciones en casos de delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual de niños y adolescentes tengan hasta el doble de las penas actuales que contempla el Código Penal del Estado de Hidalgo.
En caso de aprobarse, los funcionarios que cometan actos de omisión en pesquisas de ese tipo serían acreedores a una multa que iría de entre 20 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA); es decir, de mil 924.4 a 19 mil 244 pesos, así como prisión de entre seis y 10 años de prisión al ser encontrados culpables.
Al respecto, el legislador del PVEM, Octavio Magaña Soto, encargado de presentar la iniciativa, aseguró que estas sanciones son necesarias para incrementar la protección hacia los menores de edad, al considerar que, con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los últimos cinco años los delitos de abuso sexual hacia menores incrementaron hasta 64 por ciento en la entidad.
Asimismo, indicó que los casos de violencia sexual aumentaron con la pandemia.
Irving Cruz I Pachuca
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En lo que va de julio, en el estado de Hidalgo se han registrado 6 mil 258 casos de Covid-19; pese a ello, en distintas plazas comerciales se han relajado las medidas de higiene para evitar la propagación de la enfermedad.
En un recorrido realizado por Criterio, se constó que en los accesos a los centros comerciales ya no operan los filtros sanitarios, tampoco hay gel sanitizante o los dispensadores están vacíos.
El 5 de julio pasado, la Secretaría de Salud estatal (SSH) anunció restricciones sanitarias en 11 de los municipios, por lo que plazas comerciales, tiendas departamentales, restaurantes, supermercados, hoteles, salones de belleza y de fiestas, gimnasios, juegos infantiles, mercados y tianguis debían implementar un aforo máximo de 70 por ciento y mantener las medidas de bioseguridad.
