Hidalgo: Va diputada contra los funcionarios omisos en casos de violencia contra mujeres y niñas
La propuesta plantea reformar el artículo 26 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
La iniciativa fue presentada ante el Congreso de Hidalgo por la diputada blanquiazul Claudia Lilia Luna Islas | Foto: Especial
Durante la sesión ordinaria del Congreso de Hidalgo, la diputada Claudia Lilia Luna Islas, emanada del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para reforzar la obligación de servidores públicos de denunciar de inmediato cualquier hecho que pueda constituir un delito de violencia contra mujeres y niñas.
La propuesta plantea reformar el artículo 26 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo, con el objetivo de que la denuncia inmediata no quede solo como un mandato general, sino que se convierta en un procedimiento obligatorio dentro de las dependencias estatales y municipales.
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Actualmente, la norma establece que cualquier persona servidora pública que conozca de un probable delito contra una mujer o una niña debe denunciarlo ante el Ministerio Público y aportar los datos que tenga. Además, señala que quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga será acreedor a las sanciones correspondientes.
Sin embargo, la iniciativa advierte que esa redacción resulta insuficiente si no existen mecanismos claros para actuar.
Esto incluye la propuesta presentada ante el Congreso de Hidalgo
Por ello, el proyecto de decreto de la diputada blanquiazul propone que las dependencias de Hidalgo y de los municipios implementen sistemas de notificación inmediata, registro y seguimiento de los casos denunciados, además de capacitación permanente y obligatoria para su personal.
La intención es que los servidores públicos de áreas como salud, seguridad, educación o atención social de Hidalgo puedan identificar con mayor oportunidad posibles delitos de violencia contra mujeres y niñas, además de que no incurran en omisiones que deriven en revictimización, impunidad o en el aumento del riesgo para las víctimas.
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El documento señala que la falta de denuncia oportuna y la desconfianza en las instituciones contribuyen al subregistro de casos, por lo que plantea fortalecer la coordinación entre áreas de seguridad, procuración de justicia, salud y atención a víctimas.
En caso de que el Congreso de Hidalgo apruebe la iniciativa, las dependencias estatales y municipales tendrían un plazo máximo de 90 días naturales para adecuar sus protocolos y programas de capacitación.
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