Hay más procesos abiertos por diversas actividades ilícitas contra exfuncionarios y servidores públicos, principalmente derivados del esquema de desvío de recursos llamado Estafa Siniestra

Los exfuncionarios fueron sentenciados por delitos relacionados con corrupción y narcomenudeo
Foto: Archivo
En lo que va del año, al menos tres exfuncionarios que ocupaban cargos en el gabinete estatal, eran alcaldes o diputados locales han sido sentenciados por delitos relacionados con corrupción o narcomenudeo.
Aunque hay más procesos abiertos por diversas actividades ilícitas contra exfuncionarios y servidores públicos, principalmente derivados de la llamada Estafa Siniestra, solo tres casos en lo que va del año han llegado a una resolución condenatoria, que incluye prisión, reparación del daño, multas y suspensión de derechos.
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El primero de los exfuncionarios que fueron sentenciados fue Manuel Hernández Badillo, exalcalde de Tula de Allende, quien el 29 de enero de 2025 aceptó su responsabilidad por los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones durante su gestión, que comenzó en 2020 y terminó en julio de 2022, antes de ser vinculado a proceso por el caso.

El exedil firmó un acuerdo de procedimiento abreviado, mediante el cual recibió una pena de cuatro años de prisión tras aceptar su culpabilidad, además de una multa y la obligación de reparar el daño patrimonial a la administración pública por 25 millones
de pesos.
La acusación contra Hernández Badillo surgió de contrataciones irregulares para atender los efectos de la inundación de 2021; sin embargo, al tratarse de una pena menor a cinco años y acreditar la devolución parcial del recurso, el juez permitió la conmutación de la pena de cárcel por servicio comunitario.
Otro de los exfuncionarios que recibieron una sentencia condenatoria en lo que va del año fue Martiniano Vega Orozco, exoficial mayor del gobierno estatal durante la administración pasada, por el delito de peculado agravado.
El fallo judicial determinó que participó en el desvío de más de 18 millones de pesos, mediante la contratación de empresas fantasma para la supuesta adquisición de insumos sanitarios durante la pandemia de Covid-19.

Vega Orozco fue sentenciado a 12 años de prisión y a la reparación del daño por más de 14 millones de pesos.
A diferencia del caso del exalcalde de Tula, la pena privativa de la libertad deberá cumplirse en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, pues no se pudo conmutar.
De igual manera, el exdiputado local del Partido del Trabajo (PT) Edgar Hernández Dañu recibió una nueva sentencia por el delito de narcomenudeo con fines de comercio, luego de que un tribunal federal anulara un fallo previo, de cinco años, por anomalías en el proceso.

En esta segunda ocasión, Hernández Dañu fue sentenciado a cuatro años, 10 meses y 15 días de prisión, así como al pago de una multa de 22 mil 500 pesos y la emisión de una disculpa pública.
Aunque la pena es de prisión, el exlegislador permanece bajo resguardo en un hotel cercano a la capital hidalguense, en tanto se resuelven recursos legales interpuestos por su defensa.
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