“Golpeteo político, los reclamos por libros de texto”, dice diputado
 
Hace (8) meses
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Foto: David Martínez

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El diputado local por Morena Timoteo López Pérez emitió un posicionamiento en el cual aseguró que la vuelta a las aulas para el ciclo escolar 2023-2024 está envuelta “por el uso político que se le ha dado a los libros de texto gratuitos” y calificó como “un instrumento de golpeteo” los reclamos que se han realizado en el país.

Durante la sesión de la diputación permanente de este martes, el legislador recordó que previo al inicio del proceso escolar se han promovido juicios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los cuales evitaron que se repartieran los libros de texto en Chihuahua y Coahuila, en donde consideró como “hipócrita” la invocación del interés superior de la infancia por parte del Poder Judicial federal, ya que, a su parecer, le negaron el derecho a los niños de tener materiales educativos.

En tanto, López Pérez reconoció que los materiales educativos pueden tener imperfecciones, aunque declaró que los directivos y docentes pueden hacer adiciones o adecuarlos.

Entregan más de 95.6 millones de libros de texto gratuito, informa SEP

Por otro lado, el asambleísta también criticó que la Unión Nacional de Padres de Familia se posicione en contra de los contenidos de los libros de texto gratuitos, ya que considera que dicha asociación “está en contra de la educación laica y está vinculada con la jerarquía católica”.

Señaló que algunos ministros de la SCJN “no tocan ni con el pétalo de una rosa a evasores fiscales”, puesto que, asegura, han detenido el cobro de más de 25 mil millones de pesos que debe pagar la empresa Elektra.

Irving Cruz | Pachuca

La empresa Aktaion Digital, relacionada con el exsecretario de Educación Pública de Hidalgo Atilano R. P. —quien cuenta con una ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para ser localizado a nivel mundial—, firmó contratos con el gobierno del estado por 68 millones 648 mil 801 pesos entre 2020 y 2022.

Dichos convenios son independientes al que se realizó por 144 millones de pesos que la empresa recibió durante la gestión del exfuncionario al frente de la dependencia, para, supuestamente, recuperar datos e información de estudiantes por un ataque cibernético.

 

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