Contralor de Hidalgo respondió a observaciones de la Auditoría sobre caso de conflicto de interés por obra asignada a empresa cercana a diputado
La Auditoría Superior de la Federación observó un presunto conflicto de interés en la asignación de una obra estatal a una empresa ligada al diputado federal Ricardo Crespo Arroyo
Una empresa ligada a Crespo Arroyo fue beneficiada con un contrato para edificar Viviendas del Bienestar
Foto: Archivo
Álvaro Bardales Ramírez, contralor de Hidalgo, afirmó que el presunto conflicto de interés político que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó por la contratación de una empresa ligada a la familia del diputado federal Ricardo Crespo Arroyo para una obra estatal no constituye un delito.
El funcionario señaló que la relación del legislador con la empresa no representa un conflicto de interés de tipo económico, sino en uno de presunto tipo “político”, y explicó que la diferencia reside en que en el segundo caso el funcionario no tiene dentro de sus funciones la posibilidad de influir en la asignación para algún familiar.
Te puede interesar: Alstom México gana licitación para fabricar trenes; ¿cuántos serán y para qué rutas?
“El conflicto de interés no se configura, no lo pudo configurar la Auditoría Superior de la Federación porque no es un delito que una persona sea pariente de alguien que es accionista, representante legal o técnico de alguna empresa”, detalló.
La Contraloría no ha sido notificada sobre conflicto de interés
Asimismo, indicó que, a la fecha, la dependencia a su cargo no ha sido notificada sobre la observación por el presunto conflicto de interés y otras que ya se hicieron de conocimiento público; sin embargo, aún tendrá 30 días hábiles para solventar las observaciones difundidas.
Te puede interesar: La ASF observó este monto millonario a Pachuca y Mineral de la Reforma
En ese sentido, Bardales Ramírez refirió que, en caso de que la ASF determine que las pruebas no son válidas, la Contraloría deberá iniciar los procedimientos correspondientes, que podrían ir desde dar de baja del padrón de proveedores a la empresa involucrada, iniciar procedimientos administrativos o, incluso, una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
“Si tú me lo preguntas así, yo sí veo el conflicto de interés político y por eso lo determinó así la federación”, sostuvo el contralor estatal.
¡Recibe las noticias al momento en tu Whatsapp! Únete a nuestro Canal: https://bit.ly/3S0OztH
