Congreso propone padrón de agresores digitales en Hidalgo
La iniciativa surge tras los hechos registrados el pasado 11 de marzo en Ixmiquilpan, donde se difundieron imágenes íntimas de mujeres sin su consentimiento
La diputada Johana Montcerrat Hernández Pérez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa en el Congreso de Hidalgo para crear un Registro de Agresores Digitales, como respuesta a los recientes casos de violencia digital, entre ellos el ocurrido en Ixmiquilpan.
La propuesta plantea reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal estatal, con el fin de crear dicho padrón como una medida de control, vigilancia y prevención para personas sentenciadas por delitos que vulneren la intimidad sexual y la integridad digital de las mujeres.
De acuerdo con la iniciativa presentada en la sesión ordinaria de este miércoles 25 de marzo, el registro se integraría dentro del Banco Estatal de Datos sobre violencia contra las mujeres y contendría información de agresores con sentencia firme, lo que permitiría a las autoridades dar seguimiento y diseñar estrategias de prevención.
Además, se propone que la inscripción en este padrón sea obligatoria en todos los casos de condena por este tipo de delitos, como una pena adicional ordenada por un juez, y que permanezca vigente durante el mismo tiempo que la sanción de prisión.
La iniciativa surge tras los hechos registrados el pasado 11 de marzo en Ixmiquilpan, donde se difundieron imágenes íntimas de mujeres sin su consentimiento, caso que escaló a nivel nacional e incluso fue mencionado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien solicitó su investigación.
En el documento se señala que actualmente el sistema de justicia sanciona estos delitos, pero no cuenta con mecanismos de seguimiento a los agresores, lo que permite la reincidencia o la continuidad de estas conductas en entornos digitales.
Asimismo, se advierte que la violencia digital tiene efectos que trascienden el ámbito virtual, con impactos en la salud mental, la vida social y laboral de las víctimas, al vulnerar su privacidad y dignidad.
La propuesta también establece que la implementación del registro no implicaría un impacto presupuestal adicional, ya que se utilizaría la infraestructura existente, como el Banco Estatal de Datos y la unidad de Policía Cibernética.
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