La reforma al artículo 41 establece que elecciones podrán anularse si se acredita injerencia extranjera con impacto en resultados

Diputados de Hidalgo durante la votación de la reforma para anular elecciones por intervención extranjera.
El Congreso de Hidalgo aprobó con 23 votos a favor y cuatro en contra la minuta enviada por el Senado de la República por la que se incorpora una nueva causal para la nulidad de elecciones cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influya en los resultados electorales.
Tras varias horas de sesión en la que se aprobaron al menos dos minutas federales, las y los diputados hidalguenses avalaron la modificación al articulo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece que cualquier elección podrá ser anulada si las autoridades competentes determinan que existió participación extranjera y que esta sea capaz de alterar la voluntad ciudadana en las urnas.
La votación fue de 23 sufragios a favor y cuatro en contra, luego de que las diversas bancadas que integran al legislativo hidalguense intercambiaran sus posturas tanto a favor como en contra de la modificación constitucional.
En debate de la minuta diputados de oposición de bancadas como la del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Acción Nacional (PAN) y de Movimiento Ciudadano (MC), reprocharon que la iniciativa obedece a un reclamo debido a que el gobierno de Estados Unidos descubrió los presuntos nexos del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya con organizaciones del crimen organizado.

En contraparte, diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aseguraron que intervenciones extranjeras en otros países Latinoamérica no han dejado nada provechoso, solo ciudadanos exiliados y el fin de soberanías.
Con dicha aprobación, a partir de ahora, se sumará el supuesto de que se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera con impacto en los resultados de una elección a las causales de nulidad de procesos electorales.
De acuerdo con el proyecto aprobado previamente por el Senado, la medida busca fortalecer la soberanía nacional y blindar los procesos democráticos frente a posibles influencias externas que puedan comprometer la equidad de las contiendas electorales.
Asimismo, el Instituto Nacional Electoral (INE), los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales federales y estatales deberán revisar y adecuar sus disposiciones normativas y administrativas para garantizar la correcta aplicación de la nueva disposición constitucional.
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