Solicitan intervención de la CDHEH para investigar posibles omisiones del funcionario
Organizaciones civiles de Hidalgo, encabezadas por la Red por la Inclusión, solicitaron al secretario de Gobierno estatal, Guillermo Olivares Reyna, que se retracte públicamente tras sus declaraciones sobre la desaparición de una menor de 12 años en la entidad. Los colectivos acusaron al funcionario de responsabilizar implícitamente a la niña y a su familia, en un caso que ha generado indignación en la opinión pública local.
En un comunicado difundido a través de redes sociales, las organizaciones expresaron su rechazo a los comentarios realizados por Olivares Reyna, quien afirmó que la menor “se fue con su pareja por voluntad propia”. Según las agrupaciones, este tipo de afirmaciones invisibiliza contextos de abuso, violencia o incluso trata de personas, en los que muchas desapariciones de niñas y adolescentes se inscriben.
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El pronunciamiento advierte que las palabras del funcionario contravienen los marcos jurídicos nacionales e internacionales de protección a la infancia, además de carecer de perspectiva de género. “Una menor no puede ser responsabilizada por su desaparición, ni mucho menos culpabilizada durante el tiempo en que estuvo ausente”, señalaron.
Los colectivos también enfatizaron que estas declaraciones no solo desinforman, sino que agravan el sufrimiento de las familias afectadas. “Se trata de una revictimización institucional que genera un daño adicional”, apuntaron en el documento.
Además de exigir la retractación pública del secretario, las agrupaciones solicitaron que Olivares Reyna asuma un compromiso formal de capacitación en derechos de la infancia, protocolos de atención a desapariciones y perspectiva de género. También pidieron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo para iniciar una queja de oficio contra el funcionario.

Las organizaciones recordaron que no es la primera vez que Guillermo Olivares realiza declaraciones que consideran inadecuadas o insensibles frente a casos de desaparición. Por ello, insistieron en que el actuar institucional debe ajustarse a los principios de respeto, protección y atención inmediata establecidos en los tratados internacionales y en las leyes nacionales.
“Las familias no deben ser señaladas ni cuestionadas por buscar a sus hijas o hijos. Lo mínimo que merece una madre que vive la desaparición de su hija es un trato digno y un Estado empático, no un juicio público”, concluyó el comunicado.
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