Inhabilitan a Jessica Blancas, exsecretaria involucrada en la supuesta pérdida de más de 800 mdp
La inhabilitación de exfuncionarios por el caso del banco Accendo ocurre cinco años después de que el gobierno de Hidalgo perdió más de 800 millones de pesos en una operación financiera que hoy sigue sin resolverse
De acuerdo con resoluciones oficiales, los recursos públicos depositados en el banco Accendo siguen sin poder recuperarse, lo que representa un perjuicio directo a la hacienda pública estatal
A cinco años de que el gobierno del estado de Hidalgo perdió recursos por más de 800 millones de pesos depositados en el extinto banco Accendo, la exsecretaria de Finanzas, Jessica Blancas Hidalgo, fue finalmente inhabilitada, de acuerdo con el Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados.
Junto con Blancas Hidalgo, también fueron inhabilitados tres exfuncionarios por su participación en la contratación de servicios financieros con Accendo, institución que actualmente se encuentra en proceso de liquidación judicial. Se trata de César Alberto González López, exsubsecretario de Egresos; Juan Luis García Hernández, exdirector general de Ingresos de la Subsecretaría de Egresos; e Ignacio Valdez Benítez, extitular de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Salud.
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De acuerdo con las resoluciones administrativas, la contratación del banco Accendo ocasionó un perjuicio a la hacienda pública estatal, ya que actualmente no es posible disponer de aproximadamente 863 millones de pesos, recursos que permanecen sujetos al procedimiento de liquidación derivado de la revocación de la autorización para operar de la institución bancaria.
La investigación determinó que, pese a las alertas y medidas correctivas emitidas oportunamente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre la situación financiera de Accendo, los servidores públicos involucrados omitieron realizar las acciones necesarias para retirar oportunamente los recursos públicos, exponiéndolos a un riesgo que hoy impide su recuperación inmediata.
La Contraloría estatal precisó que la inhabilitación impuesta a los exfuncionarios no los exime de las responsabilidades administrativas, civiles o penales adicionales que pudieran derivarse, una vez que concluya el proceso de liquidación y se determine si los activos asegurados del banco son suficientes para cubrir los adeudos pendientes con el gobierno de Hidalgo.
El procedimiento de liquidación de la institución bancaria continúa en curso ante las autoridades competentes, por lo que el destino final de los recursos públicos se definirá conforme a las disposiciones establecidas en la legislación financiera aplicable.
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