Son tres municipios de Hidalgo los que concentran la reincidencia del robo de agua potable, por lo que se han hecho denuncias ante la PGJEH
Juan Evel Chávez, director de la Caasim, habló sobre las tomas de agua clandestinas | Foto: Juan Martínez
En entrevista para Criterio, el director general de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim), Juan Evel Chávez Trovamala, informó que, de octubre de 2022 la fecha, se han detectado 6 mil 261 tomas de agua clandestinas.
Bajo ese contexto, Pachuca, Mineral de la Reforma y Zempoala son los municipios con mayor incidencia de huachicoleo hídrico, según mencionó el funcionario estatal.
De lo anterior, Juan Evel Chávez indicó que, actualmente, están en proceso 36 carpetas de investigación por denuncias interpuestas por la Caasim por robo de agua potable ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
Sin embargo, mencionó que no todas las tomas clandestinas cuentan con querellas ante las autoridades ministeriales, sino únicamente aquellas que detecta la Caasim como recurrentes, pues existían casos en los que los usuarios incurrían hasta tres o cinco veces en la conexión ilícita al sistema de distribución del líquido.
“Estamos trabajando de la mano con ellos (la PGJEH) para que los responsables cubran el daño que le han hecho al organismo y a los ciudadanos, porque al final del día es el agua que se roban y que debería estar para la población”, mencionó el director de la Caasim.
Explicó que, dentro de dichos procesos legales, también existen casos en los que personas comercializaban el agua obtenida a través del clandestinaje y realizaban la extracción de tambos o pipas. “No pagaban el agua e iban y la vendían al precio que querían, aprovechándose de la población que necesitaba una pipa de agua”, refirió.
Para combatir esta situación, Juan Evel Chávez informó que parte del plan de trabajo de la actual administración estatal es que cada desarrollo inmobiliario metropolitano nuevo tenga su factibilidad en orden, con contratos ante la comisión desde el inicio de las construcciones.
“Ellos (las constructoras) están obligados a hacer la contratación ante la Cassim y ya el usuario nada más vendrá a hacer el cambio de nombre cuando tenga su escritura y los documentos en su poder”, mencionó.
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