Hidalgo tendría por primera vez una base estatal concentrada para rastrear y seguir casos de violencia contra menores, una problemática que con frecuencia permanece fragmentada entre distintas autoridades
Los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes en Hidalgo podrían dejar de quedar dispersos entre hospitales, escuelas, ministerios públicos y dependencias gubernamentales, luego de que diputados locales presentaran una iniciativa para crear un registro estatal que concentre y dé seguimiento a casos de abuso, negligencia y maltrato infantil.
La propuesta ingresada durante la sesión ordinaria de este martes plantea la creación del Registro Estatal de Abuso y Negligencia Infantil (REANI), una herramienta que funcionaría como un sistema permanente para documentar y sistematizar información relacionada con agresiones o vulneraciones de derechos de menores de edad en la entidad.
El proyecto busca evitar uno de los problemas más frecuentes en este tipo de casos, que consiste en que distintas instituciones conozcan una misma situación sin compartir información o sin que exista seguimiento integral.

La intención es que hospitales, escuelas, los sistemas DIF, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), ayuntamientos y autoridades judiciales del estado concentren datos en una sola plataforma.
Además de dar seguimiento a cada caso, el registro permitiría identificar patrones de violencia, detectar zonas con mayor incidencia y generar estadísticas para la elaboración de políticas públicas enfocadas en la protección de menores.
La iniciativa establece que el sistema estaría bajo responsabilidad de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en coordinación con el Sistema Estatal de Protección Integral.
También señala que la información tendría acceso restringido para evitar exposición o revictimización de las víctimas.
Uno de los puntos relevantes es que la propuesta asegura que no requeriría una nueva estructura burocrática ni un impacto presupuestario inmediato, ya que utilizaría plataformas y canales institucionales existentes para comenzar su implementación.
De avanzar en el Congreso, Hidalgo tendría por primera vez una base estatal concentrada para rastrear y seguir casos de violencia contra menores, una problemática que con frecuencia permanece fragmentada entre distintas autoridades.
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