Acusan que empresas ayudan a encubrir ingresos de deudores alimentarios en Hidalgo

Lilla Lizardi, víctima de violencia vicaria, habló sobre las dificultades en los procesos para obtener el derecho al pago de pensión alimentaria para su hija de seis años, el cual obtuvo hace un año; sin embargo, el padre de la menor continúa con una deuda de cinco años de pagos retroactivos y sin esclarecer sus ingresos, por lo que señaló que las empresas encubren a los infractores.

En ese sentido, acusó protección por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al no aclarar los ingresos finales de su expareja, quien indicó que actualmente administra una clínica rural en Ixmiquilpan, por lo que sus percepciones pudieran ser mayores a las reportadas por la empresa.

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Al respecto, detalló que, cuando el juzgado solicitó la percepción de ingresos del padre de su hija, el instituto tardó mucho en responder. De igual manera, indicó que hubo anomalías en la información presentada por la empresa, ya que el documento indicaba cantidades variadas. “Ahorita está dando una pensión fija y no descartamos que la misma institución, o alguna persona dentro de, esté manejando esa situación”, señaló.

Padrón público de deudores evitaría irregularidades como el encubrimiento de las empresas, consideran

Por lo anterior, Lilly resaltó la importancia de que el padrón de deudores alimentarios en Hidalgo sea público, pues de esa forma, consideró, podrán evitarse actos de corrupción como el acceso de los infractores a cargos públicos de alto nivel o de elección popular, así como la participación de las empresas en actos que encubren el salario de los involucrados en dichos delitos.

“Desafortunadamente yo creo que muchas madres autónomas y que estamos en esta situación nos estamos enfrentando todos los días con las empresas que los apoyan o los solapan o cubren ciertas cosas para que ellos puedan, a lo mejor, declarar menos o lo que les paguen a sus hijos, en este caso de pensión, pues sean cantidades menores”, lamentó.

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Finalmente, Lilla Lizardi señaló una serie de negligencias por parte del Poder Judicial de Hidalgo, como el constante cambio de jueces e incluso la pérdida de archivos y documentos, lo cual ha retrasado la obtención de sentencias a favor de las madres autónomas y los infantes que viven dichas situaciones.

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