Citlali Macías consideró que conocer el reporte permitiría que las víctimas se atrevan a denunciar

La activista señaló que podría haber hasta 300 deudores más que los señalados por el Registro del Estado Familiar | Foto: Archivo
Citlali Macías, activista de la asociación civil Ley Sabina Hidalgo, señaló la importancia de la armonización del padrón estatal con el federal de deudores alimentarios, ya que esto dará el carácter de público al registro en la entidad y, con ello, la aplicación de la ley 3 de 3.
En entrevista para Criterio, mencionó que lo anterior permitiría que más víctimas de ese tipo de violencia se atrevan a denunciar y hacer valer los derechos de sus hijos, así como advertir en diversos trámites el estatus en el que se encuentran los deudores alimentarios.
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“Los deudores alimentarios […] no pueden obtener licencias, pasaportes, visas, comprar bienes inmuebles; se le hace una informativa al cónyuge, o bueno, pues si van a contraer matrimonio, se le informa a la otra parte que está con un deudor alimentario”, detalló.
Como ejemplo, mencionó que, al desconocerse dicho registro, los deudores alimentarios perpetúan violencias contra nuevas parejas e hijos, lo que genera vulnerabilidad en los infantes y su desarrollo.
Sobre las estadísticas que recientemente mencionó la directora del Registro del Estado Familiar, Miriam Torres Monrroy, quien dijo que hay 500 deudores alimentarios en Hidalgo, la activista señaló que podrían ser hasta 300 más, pues la mayoría de las mujeres no denuncian por temor a represalias.
En ese sentido, indicó que la asociación civil da acompañamiento a algunos casos en los que, a raíz de las resoluciones para el pago de la pensión alimentaria, se ha desencadenado violencia vicaria; es decir, las parejas sustraen a los hijos del cuidado de sus madres.
Ante esto, señaló que es necesario iniciar nuevos procedimientos, los cuales, dijo, son desgastantes para las madres y los infantes.
De 2019 a la fecha, en Hidalgo se han reportado al menos 500 hombres como deudores alimentarios, según informó la directora general del Registro del Estado Familiar, Miriam Torres Monrroy.
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No obstante, actualmente la plataforma de dicho registro no es de consulta pública en la entidad, ya que, de acuerdo con la legislación vigente, únicamente pueden realizarse trámites para la expedición de constancias que acrediten si una persona es o no deudora alimentaria, siempre y cuando se demuestre tener un interés jurídico.
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