Los deudores podrían perder acceso a documentos y cargos públicos
En la reciente sesión del Congreso de Hidalgo, la diputada Orquídea Larragoiti Osorio, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Familia que busca frenar el acceso a ciertos derechos civiles a quienes se encuentren registrados como deudores alimentarios.
La propuesta pretende exigir una constancia de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para realizar trámites como la obtención del pasaporte, licencia para conducir, credencial para votar, así como para registrarse como candidato a cargos de elección popular.
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De acuerdo con la legisladora, esta medida representa un acto de justicia social y busca garantizar el cumplimiento de las responsabilidades paternas o maternas.
En el estado de Hidalgo, miles de menores y familias se ven afectadas por la falta de cumplimiento de obligaciones alimentarias.
La diputada señaló que es urgente legislar con perspectiva de derechos de infancia en Hidalgo, donde los índices de morosidad alimentaria se mantienen elevados.
La propuesta plantea que quienes figuren en el padrón de deudores no podrán realizar gestiones administrativas hasta regularizar su situación.
Este proyecto refuerza un movimiento nacional que ya ha sido replicado en otras entidades. De aprobarse, Hidalgo se sumaría a la lista de estados que penalizan el incumplimiento de deberes parentales no solo desde lo jurídico, sino desde la limitación de derechos civiles.
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