Un mes después de que Guillermo Billy Álvarez fue nombrado presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, Carlos Salinas de Gortari era declarado, entre un escándalo nacional, presidente electo de México.
Ese mismo año, siete días después de que Salinas fuera declarado titular del Ejecutivo, el 17 de septiembre se inauguraban los juegos Olímpicos de Seúl. En octubre, en la entonces Unión Soviética elegía a Mijaíl Gorbachov como su jefe de Estado. En noviembre, George Herbert Walker Bush, entonces vicepresidente de Estados Unidos, era elegido presidente de la nación más poderosa. Este lunes 1 de junio de 2020, Guillermo Álvarez Cuevas cumplió 32 años al frente de la Cooperativa La Cruz Azul y ni Gorbachov ni Bush ni la Unión Soviética siguen vigentes.
En la actualidad, el legendario líder cooperativista de 74 años de edad es investigado por la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) y la FGR por presunta defraudación y evasión fiscal, “particularmente con la presunta facturación apócrifa de más de 300 millones de pesos”, dijo Santiago Nieto, titular de la UIF, en entrevista con el programa Así las cosas de Radio W. En la entrevista, el funcionario reconoció que tanto la Cooperativa La Cruz Azul y el equipo de futbol profesional con el mismo nombre son investigados, pues el “objetivo es que se paguen los impuestos en Cruz Azul y en la cooperativa”.
Se trata del último escándalo que estalla contra Billy Álvarez. cuyo camino lleno de controversias no ha logrado que en 32 años al frente de la Cooperativa La Cruz Azul sea destituido de su cargo. Una trama familiar y otra de sus propios socios, que lo acusan y lo han denunciado de actuar de manera ilegal en sus operaciones financieras, aunado a la exposición mediática provocada por 22 años de fracasos de uno de sus principales gastos, el Cruz Azul Club de Futbol, el cual ha divido a la cooperativa más importante del país, desde su Consejo de Administración, en el cual Billy es la cabeza de 27 sociedades de la cooperativa clasificadas en tres rubros: cooperativas (núcleo cooperativo), sociales y de desarrollo horizontal, “creadas con la finalidad de generar valor económico, social y ambiental”.
DATO
Conocido como Billy, Guillermo Álvarez, es director general de la Cooperativa La Cruz Azul SCL desde el 1 de julio de 1988; además, es presidente del Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul. Hijo de Guillermo Álvarez Macías, fue director, comercial (1973), financiero (1979), presidente del Consejo de Administración (1972), así como vicepresidente y Presidente del Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul AC (1986).
Nacido en Jasso, Hidalgo, es egresado de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad La Salle
El primer frente: la trama familiar
El primer frente contra Billy nació en 2001, cuando un grupo de cooperativistas acusaron a Guillermo Álvarez Cuevas, Billy, de excluirlos de la toma de decisiones de la Cruz Azul.
De acuerdo con los cooperativistas de la Cruz Azul que accedieron a platicar con Animal Político, bajo la condición de anonimato, el primer síntoma de que Billy Álvarez perdería el control de la empresa sucedió, sin embargo, hasta 2007, cuando los cooperativistas, en Jasso, le exigieron demandar a Carlos Terroba Wolf, acusado de fraude por más de 90 millones de pesos por la explotación de la marca sin entregar regalías y de compra-venta de un terreno, frente al centro comercial Gran Sur, con sobreprecio, el cual fue adquirido para la construcción de las actuales oficinas de la cooperativa.
Entonces, relataron, era común escuchar en voz Alfredo Álvarez, hermano de Billy y quien se desempañaba como vicepresidente de la cooperativa, sobre malos manejos de la sociedad a manos de su hermano.
Fue hasta 2011, sin embargo, cuando se interpusieron los primeros litigios contra el presidente de la Cruz Azul. Comenzaron con los juicios ordinarios mercantil —85/2011-A— y civil
—136/2011-I—.
Los litigios se interpusieron luego de que Armando Valverde Talango, entonces presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, y Saúl Ángeles, vocero del consejo, acusaron a Billy Álvarez —ya con 23 años en el cargo— y a Víctor Garcés, representante jurídico y cuñado de Billy, de una serie de irregularidades, entre ellas la falta de rendición de cuentas, venta ilegal de los derechos comerciales del Cruz Azul Futbol Club y de desvío de dinero procedente de la compra-venta de jugadores.
Entonces, Valverde señaló públicamente a Carlos Terroba Wolff, consultor externo, de apropiarse, mediante la empresa Impulso FC, de manera ilegal de los derechos de la marca del equipo, lo que incluía explotación de la misma en juguetes, artículos de gimnasia y de deporte tras firmar un acuerdo con la empresa Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul.
Valverde Talango también acusó el desvío de 58 por ciento del pago que recibió la institución del club francés Lyon en 2008 por la compra del delantero César Chelito Delgado, tasada en 5 millones 900 mil euros, que en ese año representaba 96 millones 760 mil pesos.
Otro negocio, señalado como turbio por Valverde, fue la compra de terrenos en Periférico Sur, así como la construcción de un hotel en Ixtapa. Además de los litigios y los señalamientos en contra, los cooperativistas exigían que Garcés fuera excluido de la cooperativa y no solo inhabilitado. Entre los demandantes figuraba Alfredo Álvarez, hermano de Billy y entonces vicepresidente de la cooperativa. También se iniciaron denuncias ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y las procuradurías generales de la República (PGR) y de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
El 20 de marzo de 2010 Billy sufrió su primer gran golpe, cuando el Consejo de Administración de la Cooperativa inhabilitó a Víctor Garcés Rojo, acusado de fraude por 400 millones
de dólares.
“La asamblea extraordinaria realizada en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, los más de mil socios decidieron suspender al director jurídico Víctor Garcés Rojo, por presuntas irregularidades financieras cometidas contra la cooperativa, mediante empresas y negocios realizados a nombre de Cruz Azul”, relató la prensa en su momento.
Entre las cuentas pendientes, Garcés debía aclarar el destino de 400 millones de dólares depositados en tres cuentas bancarias en Estados Unidos, identificadas como Lumar 1, Lumar 2 y Blue Eagle que, según los socios, fueron abiertas para las transacciones de jugadores durante las décadas de los 90 y 2000.
Ese mismo año, 2010, la Cooperativa La Cruz Azul comenzó con prácticas contrarias al cooperativismo, como el outsourcing, tras la salida de Carlos Terroba, entonces actuario de la empresa. Se cumplían 13 años sin que el club de futbol Cruz Azul obtuviera un título.
El último incidente en la trama familiar de Billy se registró apenas hace dos años, cuando José Alfredo Álvarez Kunding, socio 2497 y sobrino de Billy, demandó a la Cooperativa La Cruz Azul ante un juzgado mercantil (10/2018) en la Sala Sexta Civil del Distrito Federal. El proceso inició el 11 de enero del 2018. En esta nueva demanda, el sobrino pidió que se anularan varias asambleas de la Cooperativa, entre ellas una en la que renunció a sus derechos como cooperativista.
En la demanda, Álvarez Kunding pide la intervención de siete empresas de la cooperativa: Cementos y Concretos Nacionales, SA de CV; Azul Concretos y Premezclados, SA de CV; Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul, AC; Cruz Azul Futbol Club, AC; Azul Cerámica, SA de CV, y CYCNA de Oriente, SA de CV.
El segundo frente: lavado de dinero
Mientras la Cooperativa La Cruz Azul se jugaba la continuidad de Guillermo Álvarez en los juzgados, las autoridades mexicanas le ponían el ojo a sus recursos económicos y a los de su cuñado, de acuerdo con una nota del periódico Reforma del 29 de julio de 2010.
El 16 de julio de 2010, la Procuraduría General de República (hoy FGR) inició la averiguación PGR/SIEDO/UEIORPIFAM;/AP/167/2010 por lavado de dinero de más de 400 millones de pesos contra Billy y su cuñado, presuntamente por triangular depósitos de dinero en México, Suiza, Londres, Estados Unidos e Islas Caimán mediante dos empresas off shore.
Con ello, la cooperativa evitaba, supuestamente, el pago de impuestos, además de colocar sobreprecios a seguros.
En 2019, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) evidenció que de acuerdo con el trabajo Paradise Paper, el 30 de noviembre de 1992 se constituyó la empresa
Blue Eagle Re en Islas Caimán. Sus directores eran Guillermo Álvarez Cuevas, su hermano Alfredo, Terroba Wolff y Raúl del Alto, quien era vocal en el fideicomiso que se formó para construir y administrar el Hotel Azul Ixtapa. Se nombró como secretario de la empresa a Víctor Vargas Rodríguez, quien en ese momento era presidente del Consejo de Vigilancia
de la cooperativa.
“Además de los directivos, en la estructura de accionistas de Blue Eagle Re se encontraba Lummar H. Corporation, empresa de papel —sin empleados ni actividad productiva— constituida en Islas Vírgenes Británicas. De esta compañía no fue posible conocer quiénes fueron sus accionistas.
Blue Eagle Re era una empresa de reaseguros. En teoría se creó para que la Cooperativa Cruz Azul entrara al mercado de seguros y para que pudiera obtener ganancias por asegurar sus plantas productoras de cemento y por el manejo de las pólizas de los seguros médicos de los cooperativistas”.
Terroba también está involucrado en la creación de la empresa Impulso Grupo Empresarial, utilizada para manejar los seguros de Cruz Azul, así como otros servicios para la Cooperativa.
El tercer frente: la ruta de los litigios
El primer litigio contra Billy Álvarez y sus operaciones duró por lo menos dos años y desembocó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); entonces, medios nacionales expresaban la caída de los Álvarez. La sentencia, decían, regresaba el poder del Consejo de Administración a Armando Valverde Talamantes y declaraba la nulidad de los actos desde 2002.
El 15 de diciembre de 2011 un tribunal unitario de distrito declaró contrarias a la Ley General de Sociedades Cooperativas por lo menos 42 cláusulas de los estatutos de la Cruz Azul. El 12 de julio de 2012 la SCJN desechó un amparo interpuesto por la cooperativa contra la decisión del tribunal.
El ruido generado por tal juicio ocasionó, incluso, que Billy Álvarez se amparara para no ser detenido.
Producto de la resolución administrativa la cooperativa actualizó sus bases constitutivas para adecuarlas a la ley y así volver a conformar su Dirección General y Consejo de Administración. El 1 de marzo de 2012 el Consejo de Administración, ya apegado a los nuevos estatutos, designó a Guillermo Billy Álvarez como su director general. Y como la sentencia no obligaba a la cooperativa a reinstalar a Armando Valverde y sus cercanos, todo permaneció como siempre, incluso las demandas.
Luego de quedar fuera del Consejo de Administración, Valverde Talango y 25 socios más demandaron, de nueva cuenta, a Billy Álvarez por apropiarse injustificadamente de la marca Cruz Azul y de simular la venta de La Noria.
El 23 de junio de 2014, sin embargo, Valverde Talamantes fue detenido y llevado al Reclusorio Oriente acusado de falsedad de declaraciones en la procuraduría de la Ciudad de México. De acuerdo con la narración de los hechos, el expresidente del Consejo de Administración fue detenido en las instalaciones de la cooperativa en Gran Sur, Ciudad de México, durante una diligencia judicial en la cual Billy y su hermano Alfredo debían entregar escrituras, contratos y cartas de compra-venta de jugadores de primera división.
En el lugar, acusó entonces el abogado de Valverde —Eugenio Olvera— había más de 150 personas, quienes negaron la entrada a la Policía Federal Ministerial y lo que era una audiencia de
una causa federal se convirtió en una detención de la Procuraduría General del Distrito Federal, cuyos agentes detuvieron a Valverde para, tras horas de mantenerlo en una oficina, llevarlo al Reclusorio Oriente ante un juez, donde finalmente quedó en libertad.
Todo terminó en septiembre de 2014, cuando el mismo Valverde negoció con Billy la restitución de los derechos de 30 socios (incluidos él) que no cobraban desde 2011.
Desde entonces se ha cumplido casi una década de litigios contra la dirigencia de Billy Álvarez, quien, a pesar de sentencias y asambleas, detenta el poder; sin embargo, es hasta ahora cuando el gobierno federal ha puesto su mirada en la cooperativa y mediante la Unidad de Inteligencia Financiera ha congelado las cuentas del legendario cooperativista, su cuñado Víctor Garcés y su hermano Alfredo, por los mismos señalamientos por los que ha sido denunciado desde 2011 por sus propios socios y familiares.
Disputa alcanza a la base social
En la Cooperativa La Cruz Azul un grupo de mujeres levantó la voz para defender los derechos de sus familiares, a quienes, según narraron, les han fabricado falsas acusaciones penales por órdenes de Guillermo Billy Álvarez, cabeza del consorcio de 28 sociedades, por negarse a vender sus acciones y denunciar las irregularidades financieras cometidas por el legendario líder cooperativista, quien actualmente es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT por los presuntos delitos de defraudación y evasión fiscal.
Las denunciantes, integrantes de la organización CruzHada, conformada desde 2018 por esposas y familiares de cooperativistas, denuncian que el conflicto comenzó cuando Billy Álvarez intentó hace unos años vender la cooperativa.
Las mujeres se agruparon para salir a las calles y alzar la voz por el “terror” que dicen vivir al interior de la empresa desde hace dos años.
Existen denuncias penales contra mandos medios hacia arriba, desde gerentes, directores y presidentes de consejo, quienes se han opuesto a la venta y privatización de la cooperativa.
¿Se oponen a la propuesta de llegue un inversionista extranjero, quien en la versión de la mesa directiva de CruzHada pretende quedarse con poco más de 45 por ciento de la Cooperativa.
Eso se suscitó en 2016. En esa ocasión se intentó vender un porcentaje de la empresa, a lo que al menos dos de sus directivos se opusieron. A partir de entonces se registraron una lluvia de denuncias contra ellos, según acusan.
“A raíz de eso se han fabricado denuncias, que incluyen trata de personas, delincuencia organizada y fraude. Ninguna ha procedido porque no hay pruebas, todas han sido sin sustento”, comentó Juliana Reynoso, esposa de Víctor Manuel Velázquez Rangel, exdirector comercial.
Las integrantes de CruzHada, conformada por 200 mujeres esposas de cooperativistas, señalaron que las denuncias provienen de Patricia Negrete, (ahijada de Alfredo Álvarez, hermano de Billy, de acuerdo con su versión), quien al ser entrevistada por Animal Político negó que las demandas sean una venganza y aseguró que se encuentran fundamentadas.
De acuerdo con las integrantes de CruzHada, Patricia fue utilizada para montar denuncias de trata de personas y abusos sexuales contra sus esposos, pero en ningún caso ha podido comprobar lo que ha acusado, por lo que estos fueron absueltos de los cargos.
“Ella (Patricia Negrete) tiene un adeudo de más de 12 millones a la empresa y fue utilizada para acusar a varios cooperativistas por trata de personas y presuntos abusos sexuales; no pudo comprobar lo que decía y a ellos los absolvieron de los cargos”, dijo Juliana.
Patricia Negrete denunció a Víctor Manuel Velázquez Rangel, exdirector comercial, y José Antonio Marín Gutiérrez, gerente de optimización de la planta de producción localizada en Hidalgo, por extorsión en una distribuidora en Michoacán.
Además, los acusó penalmente por acoso sexual y violación. La demandante y dueña de la comercializadora Concretos Cruz Azul de Morelia, Patricia Negrete Aguirre, acreditó su denuncia con el folio CI- FDTP/ TP-1/UI-1C/D/00031/03/2017 ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
Patricia aseguró que antes de ser acosada sexualmente fue extorsionada por Víctor Velázquez, a quien acusó de “obtener ganancias” que no reportaba a las autoridades fiscales y a los socios cooperativistas de la Cruz Azul.
“Ellos son los que tienen intereses en la cooperativa”, dijo Patricia. Ambos fueron suspendidos temporalmente de sus puestos directivos tras una demanda mercantil interpuesta el 18 de noviembre de 2018 por Víctor Garcés Rojo, quien fuera director jurídico de la empresa y es cuñado de Billy Álvarez, quien además es investigado por la UIF.
“Algunos de los cooperativistas fueron encarcelados por fraude, mi esposo tiene más de 17 años de socio y más de 20 trabajando para la empresa, su abuelo fue socio fundador, esta es una herencia y un patrimonio de las familias”, señaló la secretaria de la agrupación, Rosa Elena García Reyes, esposa de José Antonio Marín.
Al final del pleito legal a los esposos los absolvieron, “es por la represión hacia los trabajadores que hemos alzado la voz. Estamos en el proceso de que la gente conozca la verdad, esto es una crisis planeada para que se diera la necesidad de que entrara alguien”, aseguró Rosa Elena.
Los directivos que ya fueron ratificados en sus puestos, sin embargo, aunque fueron emplazados para comparecer ante un juez, se les sigue acusando de abuso, fraude y enriquecimiento ilícito en contra de la cooperativa.
Rosa Elena dijo que han recibido intimidaciones de terceras personas. “El día de la asamblea, 28 de septiembre de 2018, en la noche, recibimos una llamada anónima, se nos ordenó que no se presentara mi esposo, porque lo iban a matar”.
En redes sociales, Rosa Elena aseguró que los ataques han sido notorios, el grupo responsabiliza de dichos actos al abogado Eugenio Olvera Pérez, quien anteriormente fue opositor de Billy Álvarez y ahora aliado de su directiva.
También señalan a José Luis De Gyves Marín, juez vigésimo cuarto de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, como cómplice de velar por los intereses de Guillermo Álvarez.
“Ese miedo nos dio la fuerza para mostrar la cara, tememos porque nos pase algo, hoy nos hemos unido formando esta asociación, que fue una realidad en septiembre del año pasado, dijimos ya basta, estamos contra las arbitrariedades, la cooperativa pertenece a los socios, no a la familia Álvarez”, recalcó Rosa Elena.
En marzo pasado, las mujeres de CruzHada emitieron un video donde recriminan Billy Álvarez de lo que consideraron injusticias.
ME QUIEREN UTILIZAR: PATRICIA NEGRETE
Y mientras los cooperativistas se disputan el control de la empresa y sus activos, Patricia Negrete Aguirre, distribuidora de Cementos Cruz Azul en Morelia, Michoacán, se dice víctima del grupo opositor debido a que en 2016 presentó una denuncia contra Jorge Cruz Romero, gerente de zona, y Víctor Manuel Velázquez, entonces director comercial de la cooperativa, por acoso y abuso sexual.
De acuerdo con Negrete, quien asegura no tener vínculo alguno con Alfredo Álvarez, ambos personajes la citaban en horarios y lugares fuera de oficina para “aclarar” sus cuentas. Durante la última cita, el 22 de noviembre de 2016, señala, fue abusada sexualmente por ambos personajes.
Esto, dijo, luego de que sobrefacturaran sus compras. “Soy distribuidora desde hace 15 años, mi familia desde hace 40, nunca tuvimos problemas. Esta gente entra —Jorge Cruz Romero y Víctor Manuel Velázquez Rangel— y me empiezan a presionar y a acosar sexualmente, es tan serio y tan grave que soy agredido. Decidí reportarlo al consejo, a la dirección general y ante la Procuraduría de la Ciudad de México, donde ocurrieron los hechos”.
Hasta la fecha, señala, existe una causa penal en los tribunales, además de que la cooperativa no le ha aclarado los montos de adeudo, que superan los 20 millones de pesos. “En su momento acudí al Comité de Vigilancia, a cargo de José Antonio Marín”.
En cuanto a las acusaciones de la organización CruzHada, Negrete indicó que no dejará que la usen en un conflicto político. “No tengo ningún interés en la Cooperativa”.
Además, señaló a Juliana Reynoso y Valentina Hidalgo Sánchez, esposas de los directivos acusados penalmente por abuso sexual, de querer hacer una cortina de humo con su caso. “No soy sobrina de Alfredo Álvarez, ni ahijada, soy como cualquier distribuidora; traen intereses políticos”.
“Estas señoras no tienen nada que ver en los anuncios de negocios, se están colgando; no les voy a permitir lo que me han hecho pasar sus maridos”, dijo Patricia.
PECADOS EN AMBOS LADOS
En ambos lados —si es que solo son dos bandos— hay señalamientos y acusaciones. En este asunto nadie está libre de culpas, o por lo menos eso dice Eugenio Enríquez Olvera, abogado que llevó el primer litigio contra la administración de Billy como cabeza de la Cooperativa La Cruz Azul.
Luego de una batalla legal en la cual uno de sus representados fue encarcelado y exculpado, Enríquez asegura que quienes actualmente están en conflicto con Billy, encabezados por José Antonio Marín y Raúl Enríquez López, son parte culpables de la actual situación de la Cooperativa La Cruz Azul.
“Marco Antonio Marín y Enríquez López han sido consejero de Administración y Vigilancia, cada dos años se iba brincando de puestos”, señaló.
Enríquez Olvera fue parte del primer movimiento contrario a la administración de Guillermo Álvarez Cuevas y tras un proceso legal que duró de 2011 a 2014 firmaron un convenio para reestablecer el tejido social de la cooperativa. “Era una administración espuria”.
Sin embargo, dijo, una vez que en una asamblea el grupo encabezado por Antonio Marín se hace del poder legalmente su tarea fue hacer a un lado a Billy y “apoderase de toda la cooperativa”.
El conflicto de 2011, narró, fue frontal, “buscábamos adecuar las bases constitutivas, pues Armando Valverde Talango fue presidente del Consejo de Administración mientras existía otro consejo paralelo, ilegítimo”.
Tras la firma del convenio la Cooperativa Cruz Azul debía restituir a 30 socios y pagarles a todos sus adelantos a capital social, además de regresar la marca Cruz Azul a la cooperativa. Ahora, “José Antonio Marín y Raúl Antonio Enríquez López se apoderaron de la misma”.
El litigante va más allá y asegura que para la oposición a Billy es conveniente culpar de todo al director general, “todos los años aprobaron sus informes. Hay más responsables, en una cooperativa no existen los administradores únicos”, declaró.
Respecto a las acusaciones de la organización CruzHada, Enríquez Olvera las acusa de ocultar la verdad al proteger a sus esposos: “Basta meterse en redes sociales y soy el diablo, me crearon un blog en el que publican fotografías de mis hijos; es una guerra de lo más sucias. Me acusan porque soy la cara más visible en las redes sociales, desde 2010 he denunciado al mismo grupo de personas”.
Sobre su vínculo renovado con Billy Álvarez, el abogado aseguró que no tiene ningún lazo. “No es que me haya vuelto su defensor, en 2014 firmamos un convenio y al igual que José Antonio Marín me comprometí a cumplirlo.
Pero oposición de Antonio Marín no lo ha cumplido, pues se quedaron con la marca del equipo”.
De acuerdo con el abogado Olvera, en la escritura constitutiva de Cruz Azul FC, tanto Marín como Raúl Antonio Enríquez son los únicos dos socios fundadores. “No ha habido asamblea, son titulares de los derechos, hubo un contrato de sesión de marca. Pero todo fue ilícito, no contaban con anuencia de la asamblea”.
Además, aclaró que él solamente es asesor de una coalición de más de 450 socios, cuyo fin es lograr la transparencia de la Cooperativa.
Como parte de las irregularidades del grupo que actualmente acusa a Billy, dijo, es el pago al abogado Rafael Anzures, quien recibió 40 millones de pesos. “Hay dos averiguaciones por eso, por administración fraudulenta”.
Animal Político buscó la versión de Guillermo Álvarez Cuevas mediante sus colaboradores cercanos, quienes indicaron que esperarían a su publicación para dar su punto de vista. De la misma manera se contactó al sistema de justicia de la Ciudad de México, mediante el área de comunicación social para conocer el punto de vista de José Luis De Gyves Marín, juez vigésimo cuarto de lo civil del Tribunal Superior de Justicia.
Jorge Ávila
