La Fiscalía General de la República (FGR) procedió penalmente contra Francisco Garduño Yañez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), por la muerte de 40 migrantes acontecida en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La acusación formulada ante un juez en contra de Garduño es debido a que tanto él como Antonio “N”, presuntamente incurrieron conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo.
Desde un inicio las investigaciones arrojaron que los delitos que se cometieron en contra de 65 migrantes, 40 por homicidio y 25 por lesiones, en el Centro Provisional Migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, la noche del 27 de marzo, habían sido responsabilidad tanto del INM como de la empresa de seguridad privada encargada de la protección de los migrantes.
De esta forma la FGR obtuvo órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso en contra de cinco personas, tres de las cuales se informó son servidores públicos del INM y una que era personal de la empresa de seguridad privada que ahí operaba, así como en contra de la persona que inició el fuego.
Me encuentro en Cd. Juárez desde el primer momento que tuve conocimiento de este lamentable hecho, permaneciendo atento al reporte de salud de cada herido
He dispuesto de todo el apoyo por parte del @INAMI_mx para el traslado, la compra de medicamentos y equipo para su atención. pic.twitter.com/SnQA5mmCkR
— Francisco Garduño Yañez (@fgymexico) April 11, 2023
Sin embargo, debido a que INM es un órgano administrativo desconcentrado, cuyo objeto es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional, la FGR inició la investigación de dos líneas paralelas de información: la primera, dentro de dicho órgano desconcentrado; y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada señalada.
“En la investigación de antecedentes, se encontró que, el 31 de marzo de 2020, se dio en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, un caso semejante, dando como resultado una persona muerta y 14 lesionados”, señaló la FGR.
Esto generó una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que según la teoría criminal de la FGR “indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.
Aunado a lo anterior, los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de los últimos años señalan faltas y omisiones que en el INM se según la Fiscalía se siguen cometiendo, “lo que indica un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados”.
“Por todo ello, se ha procedido penalmente en contra de los directivos del INM, Francisco “N” y Antonio “N”, quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”.
Además, la FGR informó que se ha procedido penalmente contra los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos.
Respecto a la empresa de seguridad privada y su relación con el INM, la FGR informó que ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa en las que “omitieron” sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.
“También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados”.
Por todo lo anterior es que la FGR informó que la investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos.
