La investigación por el presunto secuestro de la alcaldesa de Tenancingo tomó un giro inesperado

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga a la alcaldesa de Tenancingo, Nancy “N”, por su presunta participación en la simulación de un secuestro
La investigación sobre el supuesto secuestro de la alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, dio un giro luego de que autoridades estatales señalaran que existen indicios para considerar que el hecho pudo haber sido una simulación planeada, presuntamente relacionada con irregularidades financieras dentro del gobierno municipal.
De acuerdo con información difundida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Nancy “N”, presidenta municipal de Tenancingo, es investigada por su posible participación en una estrategia que habría buscado justificar un presunto faltante de 40 millones de pesos del erario.
El caso también involucra a varias personas cercanas a la funcionaria, entre ellas familiares y presuntos colaboradores.
Según la denuncia presentada inicialmente por la propia alcaldesa, los hechos ocurrieron el pasado 31 de mayo, cuando se encontraba en el interior de un vehículo junto con un familiar afuera de su domicilio.
En su declaración inicial, relató que fue interceptada por varias personas que viajaban en otro automóvil y que posteriormente fue privada de la libertad.
La versión señalaba que durante el trayecto recibió un teléfono celular para comunicarse con familiares y solicitar el pago de 40 millones de pesos como condición para recuperar su libertad.
Posteriormente aseguró haber escapado y haber solicitado ayuda.

Sin embargo, conforme avanzaron las diligencias ministeriales, la Fiscalía informó que obtuvo elementos que apuntarían a una posible planeación del hecho.
De acuerdo con las autoridades, el monto solicitado como supuesto rescate coincide con un presunto faltante detectado en las finanzas municipales.
Como parte del seguimiento del caso fueron detenidas tres personas en Oaxaca identificadas como Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”.
Además, las autoridades mantienen la búsqueda de otros dos presuntos involucrados, señalados como familiares de la funcionaria.

La alcaldesa tiene programada una audiencia de formulación de imputación el próximo 9 de julio, donde se determinará el avance del procedimiento legal.
Hasta el momento no existe una resolución judicial definitiva sobre el caso y las investigaciones continúan abiertas.
De acuerdo con la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, la simulación de este delito puede derivar en sanciones penales para particulares involucrados.
La legislación también contempla medidas adicionales cuando existan posibles afectaciones institucionales o movilización indebida de recursos públicos.
El caso ha generado atención pública debido al impacto político que representa para el municipio y por las preguntas que abre sobre el manejo de recursos y los mecanismos de rendición de cuentas.
Mientras tanto, será el desarrollo del proceso judicial el que determine responsabilidades y el alcance de las acusaciones.
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