La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) intervino legalmente conversaciones telefónicas que revelan un soborno en millones de pesos a funcionarios de un juzgado de distrito para que liberaran a José Ángel Casarrubias Salgado, el Mochomo, quien el miércoles abandonó el Penal del Altiplano.

“La Seido, dependiente de la FGR, tiene autorizadas por un juez competente, intervenciones que señalan el cohecho por varios millones de pesos realizado por diversos individuos cercanos al imputado, a personal del juzgado referido, para que decretara la libertad de dicha persona, motivo por el cual, junto con otras razones legales, se obtuvo el arraigo de Ángel “C””, informó la Fiscalía General de la República.

“El maestro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la SCJN, ha comunicado a esta institución, a través de los conductos procedentes, que ha iniciado una investigación por los hechos de corrupción señalados y la FGR estará atenta a recibir cualquier denuncia al respecto”.

María del Socorro Castillo Sánchez, Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, dictó la libertad por falta de elementos a el Mochomo por el caso de delincuencia organizada que le fue imputado tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Pero la FGR dijo en un comunicado que el juzgado le decretó la libertad al presunto narcotraficante, negándole valor a 21 pruebas que se presentaron y fueron admitidas en 2014 y que eran válidas en el sistema de justicia vigente en ese momento.

La dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero señaló que ante estas inconsistencias en el fallo judicial, la FGR apeló de inmediato la libertad en
favor de el Mochomo.

La tarde de ayer, la FGR adelantó que la investigación por la que fue arraigado y será imputado judicialmente es ajena a los hechos del caso Iguala.

Abel Barajas
Agencia Reforma