A pesar de que en los últimos cuatro años 11 estados han logrado avanzar en la despenalización del aborto –y recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó eliminar el delito también del Código Penal Federal–, las denuncias presentadas ante ministerios públicos persisten e incluso han ido en aumento en algunos estados, con y sin despenalización.
Por ejemplo, en Ciudad de México, la primera entidad donde el aborto fue despenalizado hasta las 12 semanas de gestación, en 2007, las carpetas de investigación abiertas por el delito, de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), pasaron de 110 en 2018 a 192 en 2022, mientras que hasta agosto de 2023 ya sumaban 131.
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En tanto, en el Estado de México –donde la despenalización aún es un pendiente– las denuncias han pasado de 107 a 144 en los últimos cinco años, sin contar el 2023, en el que ya se acumulan 117. Otra entidad que llama la atención es Baja California, donde el congreso local despenalizó en 2021, pero ha persistido un promedio de 47 denuncias anuales con una leve tendencia a la baja en los últimos tres años.
Entre los que ya despenalizaron, Veracruz –por la vía legislativa en 2021– mantiene también una de las cifras más altas a nivel nacional, con un promedio de 27.4 anuales, mientras que Hidalgo –que despenalizó por la misma vía en el mismo año– los últimos cinco años mantuvo un promedio anual de 18.6 denuncias por el delito de aborto.
Oaxaca, un estado en el que el congreso local despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación en 2019, había registrado 16 denuncias anuales en 2018 y 2019, que para 2020 y 2021 descendieron a 9 y 8, respectivamente, pero desde el año pasado van nuevamente a la alza y hasta agosto de 2023 ya suman 14.
Persistencia de castigo social y falta de capacitación a autoridades
Entre las entidades que no han despenalizado, los casos más significativos son Nuevo León, donde las denuncias han crecido paulatinamente hasta pasar de 38 en 2018 a las 144 que se iniciaron durante 2022; Tamaulipas, donde se ha mantenido un promedio de 41.8 anuales, y Querétaro, con un promedio de 28 y una tendencia a la alta en 2021 y 2022. Otros estados donde se han registrado más de 10 denuncias anuales son Aguascalientes, Baja California Sur, Jalisco, Michoacán y Guanajuato.
De acuerdo con colectivas y especialistas, varios factores pueden estar vinculados a este fenómeno: la persistencia de la intención de castigo social frente a los avances legales y, por otro lado, la falta de capacitación y sensibilización a autoridades locales y judiciales; si bien una proporción de estas denuncias podría no tener consecuencias gracias a las resoluciones de la Suprema Corte que determinan que penalizar el aborto es inconstitucional.
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Pese a ser legal durante las primeras 12 semanas de gestación, se denunciaron siete casos de aborto en Hidalgo durante los primeros siete meses del año, los cuales están concentrados en cinco municipios de la entidad.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a julio se abrieron siete carpetas de investigación por el delito de aborto ante las autoridades.
Redacción con información de Animal Político
