En México, la corrupción tenía secuestrada a gran parte de las instituciones públicas por la vía de los mecanismos de compras y de adquisición de bienes y de servicios, dijo Zoé Robledo, director del IMSS.

“El Seguro Social, siendo el tercer comprador más grande de nuestro país, solamente después del Ejército y de Petróleos Mexicanos, no era una excepción de esta situación”, señaló.
Ante ello, se generó un mecanismo nuevo de compras públicas por parte de las instituciones del Gobierno mexicano, aseguró durante el mensaje de lanzamiento de alto nivel del Observatorio de Precios de Medicamentos de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos en América Latina.

“La idea… fue consolidar las compras de todas las instituciones de salud pública de nuestro país; las de seguridad social como es el IMSS.

“En ese sentido, junto con otras instituciones, el ISSSTE, por ejemplo, las Fuerzas Armadas y el propio Pemex, y lo que antes se conoció como el Seguro Popular, una suerte de aseguramiento para el trabajador informal, compraban de manera consolidada, pero esa compra tenía dos grandes inconvenientes”, agregó.

Por un lado, señaló, se compraba a partir de lo que se conocía como cuadros básicos, es decir, un listado de medicamentos que era distinto por institución.

“Con pocos controles para la concentración de estas compras, a partir de la proliferación de empresas dedicadas al abasto más que a la fabricación de medicamentos, es decir, quienes generaban la distribución se convirtieron en los agentes preponderantes del mercado; en cinco años aproximadamente, se pasó de cerca del 17 al 53 por ciento de concentración en solamente cuatro empresas”.

“A partir de esto fue que se planteó que hubiera una agencia consolidadora externa, en este caso, el propio gobierno mexicano, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y fue así como se plantearon tres pasos, tres modelos de eficiencia: uno, la terapéutica, cuál es el mejor medicamento”, aseveró.

Afirmó que el segundo elemento tenía que ver con la salud pública, qué es lo que se tenía que comprar en el país a partir de cómo se comporta el paciente mexicano, y lo último, la eficiencia económica.

Dijo que, algunas de las preocupaciones del gobierno son las conductas de especulación, de sobreprecios, de mala calidad de insumos médicos.

“No solo se repitió en varias esferas de lo público, sino que el pasado 17 de abril, el gobierno mexicano presentó una iniciativa que se convirtió en una resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas justamente para urgir a todos los estados miembros a que inmediatamente previnieran la especulación y todas aquellas disposiciones que escondan o que limitan el acceso a los productos necesarios para contener la pandemia”.

Apuntó que esta propuesta ha sido histórica, no solo por su temática sino por el número de países que la suscribieron.

Érika Hernández
Agencia Reforma