Se dice… que Nopala enfrenta reclamos contra su contralora; Atitalaquia genera debate por símbolos religiosos; PAN y PRI se acercan en Tulancingo y policías de Huautla denuncian irregularidades.

Se dice… que en donde no están nada bien las cosas es al interior del gobierno municipal de Nopala de Villagrán, encabezado por Diana Moreno, pues, recientemente, regidores pidieron la comparecencia de la contralora municipal, Erika Yazmín Monter Portes, situación por la que incluso realizaron la instalación de una sesión especial para citar a la funcionaria por diversas irregularidades en las que habría incurrido como temas administrativos e incluso de transparencia. Ahora veremos si la presión de parte de los asambleístas surte efecto para remover a Yazmín Monter, quien, eso sí, ni se ha parado a las reuniones a las que ha sido citada.
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Se dice… que en Atitalaquia la entrega de una imagen de la Virgen de Guadalupe por parte de la alcaldesa Claudia Arisbee Sandoval Ramírez abrió un debate que fue más allá del acto protocolario. Mientras unos lo vieron como un gesto de cercanía con los comerciantes, otros cuestionaron si una autoridad municipal debe utilizar símbolos religiosos en actividades públicas. La ciudadanía no tardó en recordar el principio del Estado laico y señalar que aún hay temas como seguridad y servicios públicos que esperan solución. Hasta ahora, el gobierno municipal guarda silencio sobre la polémica.
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Se dice… que el aspirante a la candidatura del PAN para contender por la alcaldía de Tulancingo, Fernando Lemus, y la priista Mireya Lazcano, quien desde tiempo atrás persigue el mismo sueño, posaron sonrientes en recuerdo de viejos tiempos, cuando formaron parte del Concejo interino, presidido por el panista, quien en la foto que publicó señaló que “con la suma de voluntades se pueden lograr grandes proyectos“, lo cual deja claro que ese par algo trama.
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Se dice… que siguen las quejas de parte de policías municipales en contra del alcalde de Huautla Jorge Alberto Hernández Cortés, que a través de sus familiares utiliza a los uniformados para hacer otras actividades que no son de seguridad pública, lo que estaría metiendo en otro problema porque los fondos para el pago policías son federales y ordenarlos hacer otro tipo de actividades representaría una irregularidad.
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