Fiscalización coordinada para proteger los recursos públicos

Los recursos federales que reciben los municipios representan una oportunidad para impulsar obras, servicios y programas que mejoren la vida de las personas. Pero esa oportunidad conlleva una responsabilidad ineludible: asegurar que cada peso se ejerza con legalidad, transparencia y en beneficio de la ciudadanía.

Con esa convicción, la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo suscribimos un Convenio de Coordinación y Colaboración para fortalecer la fiscalización del gasto federalizado. Su propósito es sumar capacidades institucionales, homologar criterios y mejorar los mecanismos de revisión de los recursos públicos. 

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La relevancia de este acuerdo radica en que permite aprovechar las fortalezas de ambas instituciones. Por una parte, la experiencia técnica, normativa y metodológica de la autoridad fiscalizadora federal; por otra, el conocimiento territorial y la capacidad operativa de la entidad estatal. El resultado es una fiscalización más eficiente, coordinada y con mayor alcance. 

Es importante señalar que no se trata de una transferencia de facultades. La Auditoría Superior de la Federación mantiene la conducción y supervisión de los trabajos de su competencia, mientras que la Auditoría Superior del Estado participa en tareas de apoyo técnico que fortalecen los procesos de revisión y seguimiento. 

Además de facilitar la revisión de los recursos federalizados, el convenio impulsa la capacitación permanente del personal auditor, la homologación de metodologías y el uso de herramientas tecnológicas que contribuyen a elevar la calidad de las auditorías. La fiscalización moderna exige preparación constante, criterios objetivos y procedimientos sustentados en evidencia. 

Otro aspecto destacable es su enfoque preventivo. La rendición de cuentas no comienza cuando se detecta una irregularidad, sino desde la planeación, el registro y la documentación de cada acción gubernamental. Fortalecer el control interno y promover el cumplimiento de la normatividad contribuye a reducir riesgos y a mejorar la gestión pública. 

La confianza ciudadana se construye con resultados, pero también con instituciones capaces de trabajar de manera coordinada para proteger los recursos que pertenecen a todas y todos. Por ello, este convenio representa más que un mecanismo de colaboración administrativa: es una herramienta para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la buena gestión pública.

Porque cuando la fiscalización se fortalece, se fortalece también la certeza de que los recursos públicos cumplirán el fin para el que fueron destinados: generar bienestar para la sociedad.

La rendición de cuentas no es opción: es deber público.

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