En la pasada colaboración abordé el tema de la partería tradicional como patrimonio en riesgo de extinción.

Son múltiples los factores que han llevado a la notable disminución de la partería tradicional en nuestro país, entre éstos figuran la mercantilización de la salud impulsada por la poderosa industria farmacéutica, la imposición de un modelo hegemónico de atención al parto, la discriminación y el racismo, la ignorancia, la soberbia y el temor.

La lucha en contra del poder de las mujeres con conocimientos ancestrales se puede trazar lejos en la historia.

La propensión a verlas como un peligro ante la incomodidad que produce la autodeterminación sobre sus cuerpos trajo la necesidad de mantenerlas bajo control.

Los estudiosos apuntan que con la transición al capitalismo las mujeres perdieron totalmente el poder sobre su cuerpo.

Un suceso que la filósofa italiana Silvia Federici resalta es la llamada caza de brujas:

En Inglaterra, la brujería comenzó a ser castigada con la pena de muerte en 1532. (…) La fase más intensa tuvo lugar entre 1580 y 1630, durante el declive de las relaciones feudales, el auge del mercantilismo capitalista y el incremento de las migraciones y el trabajo asalariado (Stardust, I, 2015).

“La caza de las brujas aniquiló el conocimiento ancestral femenino respecto de la anticoncepción, el parto y la medicina herbal, estigmatizando la imagen de las mujeres como seres propensos a lo diabólico y le otorgó al Estado poder y control absoluto sobre sus cuerpos en un fenómeno que se extendió por todo Europa y fue llevado a cabo por las autoridades de más alto nivel, empezando por la iglesia” (citado en Tapia, 2021, pp 27).

Desde entonces viene el temor al poder de las mujeres. Históricamente han sido las poseedoras del conocimiento ancestral, curadoras, sanadoras, poderosas y, por tanto, temidas, perseguidas, juzgadas y aniquiladas.

No es que equipare la persecución de las mujeres, en la cacería de brujas, por sus conocimientos ancestrales con la extinción de la partería tradicional, pero en ambos fenómenos subyace un desprecio por sus saberes.

Para el caso de la partería tradicional, a partir de los años setenta del siglo pasado las políticas públicas implementadas en materia de prevención de mortalidad materna, presuponían que “una de las causas del elevado número de muertes maternas es el desempeño inadecuado de las parteras tradicionales, lo cual no se ha demostrado en investigaciones clínico-epidemiológicas representativas y adecuadas a las regiones indígenas y campesinas de México. Dicha suposición niega que la partería ha constituido por siglos un pilar sustantivo para la sobrevivencia demográfica y biocultural de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos y equiparables” (Sevilla et al., 2023).

Una de las medidas implementadas incluía la capacitación, que parecía ser una acción gubernamental para disminuir la muerte materna, que terminó por ser una obligación y no una opción para las parteras, lo cual impidió que pudieran seguir ejerciendo sus conocimientos debido a que éstos se consideraron inadecuados por el personal médico que impartía la capacitación.

Posteriormente, a través de programas gubernamentales como Oportunidades, después Prospera, las mujeres debieron acudir a cinco consultas médicas de control de embarazo para poder obtener el apoyo económico. En estos acercamientos al sector salud se les inoculó miedo al parto asistido por partería tradicional.

“El programa Oportunidades (luego Prospera) operaba en las zonas indígenas y rurales, por lo que quienes fueron mayormente presionadas y vieron violados sus derechos fueron las mujeres indígenas, rurales y afromexicanas. En múltiples ocasiones (documentadas por investigaciones en campo), la presión del personal de salud para que todos los partos se realizaran en instituciones de salud y los atendiera personal ‘profesional’ derivó en acoso, prohibición y amenazas hacia las parteras tradicionales; ejemplos son las amenazas con 30 años de cárcel en caso de que las parteras atiendan un parto, prohibición para llevar a cabo maniobras de acomodación fetal, uso de plantas medicinales o realización de limpias, con imposición de prácticas como el uso de estetoscopio, inyecciones” (Sevilla et al., 2023).

Así, con la proscripción del ejercicio de la partería tradicional se comprometió la herencia de este importante legado cultural a las nuevas generaciones debido a que se interrumpe la vía matrilineal y comunal del proceso de iniciación y trasmisión de la partería tradicional. Sin práctica no hay transmisión.

Es posible que además de ser un acto utilitario, la política pública que apostó por la desaparición de la partería tradicional lo considerase un acto civilizatorio, postura desafortunada que no reconoció que la diversidad cultural representa un patrimonio de la humanidad y el gobierno de nuestro país está obligado a cumplir con la protección legal de dicha diversidad.

Como lo mencioné en la colaboración anterior, la función de las parteras tradicionales ha sido no solo circunscrita a acompañar el embarazo, el parto y el posparto de las mujeres sino también, ellas han desempeñado un rol de liderazgo en sus comunidades, han sido defensoras de su territorio, del agua y son las guardianas de esta tradición ancestral.

La partera tradicional acompaña el embarazo y su conocimiento y experiencia le permiten saber cuándo un embarazo es de bajo riesgo y reconocer sus limitaciones cuando el parto no es de bajo riesgo, por lo que lo deseable es que se mantenga el trabajo conjunto entre las parteras tradicionales y el sector salud, concebidos como servicios a la comunidad importantes y complementarios.

Por lo anterior, es que dimos la bienvenida a la reforma a la Ley General de Salud que el Congreso de la Unión aprobó con la que se cambió la desafortunada normatividad que generó una regulación que propició la virtual desaparición de la partería tradicional.