Medida urgente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, caso México
Se espera que la postura del Estado mexicano ante la medida urgente anunciada por el comité con la solicitud de información sea tomada con seriedad y se evite maquillar, desestimar, justificar la crisis de desapariciones al rendir los informes que está obligado a rendir en tanto ha firmado la ratificación de Estado parte ante la convención.
En la colaboración anterior se planteaba la realidad que vivimos en México ante 500 mil personas asesinadas y, según cifras oficiales, 120 mil personas desaparecidas, en un esquema que se planteó como generalizado o sistemático, con relación a su presencia territorial en el país y su permanencia en el tiempo. Recuperemos esta conversación a propósito del anuncio hecho el pasado 4 de abril por parte del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Lo expresado por el presidente del CED señala que, de acuerdo con lo que el comité ha recibido, cuenta con informaciones fundamentadas que indican que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de México, por lo que decide solicitar al Estado parte (a México) toda información pertinente en relación con esta situación.
Recapitulando, habrá que decir que el comité se creó desde 2010 y ya desde 2013 y 2015 hubo posturas para hacer una visita a México a propósito de la crisis de personas desaparecidas, pero el Estado mexicano no había dado muestra de interés y no terminaba por solicitarlo. Es hasta 2018 que el Estado mexicano reconoce por primera vez que existe una crisis de desaparición de personas y una crisis en materia forense, antes de ello hubo una negación del fenómeno.
Es en 2021 cuando el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada visita México, siendo el primer país visitado desde su creación, para reunirse con autoridades, organizaciones y víctimas e identificar los medios para enfrentar el problema de las desapariciones.
En 2022 el comité publica los resultados de la visita con recomendaciones y prioridades que debe atender una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones.
Sin embargo, el Estado mexicano no hizo esfuerzos por atender las observaciones, sino que, por el contrario, frenó acciones que venían desarrollándose y que demostraban estar en el camino hacia la atención de la crisis.
Se espera que la postura del Estado mexicano ante la medida urgente anunciada por el comité con la solicitud de información sea tomada con seriedad y se evite maquillar, desestimar, justificar la crisis de desapariciones al rendir los informes que está obligado a rendir en tanto ha firmado la ratificación de Estado parte ante la convención.
Es la primera vez que el comité desde su creación solicita una medida urgente a un país. Después del análisis de la información que aporte el Estado mexicano, el comité decidirá si presenta el caso a la Asamblea de las Naciones Unidas para acordar medidas de colaboración para la atención de la crisis como la búsqueda de las personas desaparecidas, instalación de laboratorios forenses, tecnologías y estrategias para la conformación del banco de datos, etcétera.
Podemos centrar la discusión del tema en la calidad moral de la ONU y sus organismos ante señalamientos de parcialidad al no pronunciarse en otras crisis en el mundo como la de Israel y Gaza y, con base en ello, desvalorizar el hecho de que por primera vez se aplique el artículo 34 de la convención y se determine a un Estado parte un procedimiento de acción urgente; o podemos centrar la discusión en la innegable crisis de desapariciones que padecemos y que ha llegado a un punto que la hace insostenible.
El asunto es que la crisis de violencia y de desaparición forzada de personas de nuestro país es ya de larga data y en donde no hay verdad ni justicia; en donde no hay capacidad o voluntad o compromiso para atenderla; en donde no solo se presume si no hay evidencia empírica de la participación de servidores públicos locales, municipales, estatales o nacionales con el crimen organizado, sin la cual sería muy difícil que hubieran llegado hasta donde están.
No se señala que haya crímenes de Estado, en tanto no se asegura que las desapariciones forzadas de personas hayan sido ordenados o autorizados por él; se presume la aquiescencia del Estado que ha permitido o aceptado las acciones del crimen organizado como ocurrió en Ayotzinapa y como ocurre ahora mismo en todas partes del territorio nacional con mayor o menor incidencia. Ante este estado de cosas, se requiere de la participación y coordinación nacional e internacional con esquemas como la creación de Comisiones Especiales de la Verdad, que de manera autónoma y sin conflicto de interés puedan arrojar luz sobre las causas estructurales de la crisis y apoyar con el planteamiento de líneas de acción encaminadas a la solución paulatina del conflicto, al tiempo de que agotan todas las posibilidades para encontrar a las personas desaparecidas o, en su caso, identificar los restos humanos que cada día son más.
O como el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) que surgió del acuerdo formalizado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los representantes de las víctimas de Ayotzinapa y el Estado mexicano el 18 de noviembre de 2014, con la finalidad de proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero; así como las investigaciones y acciones que se adoptaren a fin de sancionar a quienes resultasen responsables y, de igual forma, otorgar asistencia a los familiares de los estudiantes.
Claro que en cuanto el GIEI insistió en tener información que involucraba al Ejército, el expresidente Peña los obstaculizó y el expresidente López Obrador de plano los corrió.
Ante todo ello, resalta que para que podamos salir adelante —porque más hondo ya no podemos caer—, debe haber reconocimiento por parte del gobierno mexicano de la crisis (lo cual parece ser la postura de la presidenta Sheinbaum), voluntad política para procurar su solución y muy seguramente, colaboración y coordinación nacional e internacional, esta última para paliar en alguna medida los conflictos de interés.
