¿Crímenes de lesa humanidad en México?

En estos días hemos escuchado el término “crímenes de lesa humanidad” bajo la postura de que en nuestro país enfrentamos una crisis con la presencia de este tipo específico de delitos.
Ha habido reacciones, incluida la de la presidenta de México, que niegan que los padezcamos, bajo el argumento de que durante muchos años estos crímenes venían del Estado, pero ya no más, que lo que hay es delincuencia organizada y se está haciendo el trabajo para pacificar y disminuir los delitos en México.

A todo esto, ¿qué son los crímenes de lesa humanidad?

Si hacemos referencia a su origen etimológico, “el vocablo latino laedere, que puede traducirse como «dañar», derivó en laesus. Este término llegó a nuestro idioma como lesa, un adjetivo que permite aludir a aquel o aquello que recibió un daño. La expresión lesa humanidad se define como lo que lastima u ofende a todas las personas. Un crimen de lesa humanidad, de este modo, es un atentado contra la dignidad humana que viola los principios fundamentales del derecho internacional” (Pérez Porto, 2019).

De acuerdo con el artículo séptimo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional —mismo que entró en vigor el 1 de julio de 2002 y del que México forma parte—, se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional.

Así como tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional.

Además, la desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

Preguntémonos: De los crímenes considerados de lesa humanidad, ¿cuáles tienen lugar en nuestro país? Hay dos condicionantes en la definición: ataque generalizado o sistemático. ¿Qué entidad federativa de nuestro país se libra de alguno de estos crímenes? Asesinato, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, desaparición forzada de personas, entre otros ¿No es acaso sistemático padecer estos crímenes atroces desde hace casi 20 años?

Hablando de desaparición forzada de personas, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994 define este crimen como “la privación de la libertad de una o más personas, cualquiera fuera su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de recursos legales y de las garantías procesales pertinentes” (art. II).

Sirve resaltar el término “aquiescencia”, que se presenta cuando un Estado permite o acepta implícitamente una acción, por lo que puede ser considerado responsable por no haber tomado medidas para prevenir o remediar una violación de derechos humanos.

Nuestra realidad habla de 500 mil personas asesinadas y, según cifras oficiales, 120 mil personas desaparecidas, que pueden ser miles más.

Nuestra realidad habla de cuerpos mutilados expuestos en la vía pública, cuerpos disueltos en ácido, cuerpos incinerados; miles de familias buscando desesperadamente a sus seres queridos desaparecidos; mujeres y niñas y niños privados de su libertad, reducidos a la prostitución forzada, la pornografía infantil, la esclavitud laboral o sexual; poblados forzados a dejar sus hogares, sus tierras, su vida por amenazas y presiones del crimen organizado —por citar solo un ejemplo: Tila, en Chiapas—. Si todos estos no son crímenes atroces, si todos estos crímenes no atentan contra la dignidad humana, entonces no sé qué serán.

¿Qué implicaciones tiene reconocer que la población civil mexicana padece crímenes de lesa humanidad? Principalmente, la posibilidad de generar una estrategia que implique la participación de la comunidad internacional, a través de la ONU, la Corte Penal Internacional (CPI) y organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos, con la finalidad de dar protección a las víctimas, particularmente la búsqueda de las personas desaparecidas, la denuncia de los responsables y las recomendaciones para la no repetición.

Claro que implica reconocer que el Estado mexicano no puede afrontar los crímenes por incapacidad o por imposibilidad —de recursos humanos y financieros, por ejemplo— o por conveniencia.

Llevemos este tema al debate público, ¿casi 20 años de crisis de violencia ha rebasado la posibilidad del Estado mexicano —sin importar el partido político en el poder— para recuperar el control y garantizar a su ciudadanía paz y justicia? ¿Qué opinión le merece?

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