Hace poco más de un año, en esta columna se abordó un tema profundamente indignante: una menor de edad se enfrentó a un sistema judicial que, sin remordimiento alguno, liberó a su agresor sexual, quien además resultaba ser su propio padre.

Hace poco más de un año, en esta columna se abordó un tema profundamente indignante: una menor de edad se enfrentó a un sistema judicial que, sin remordimiento alguno, liberó a su agresor sexual, quien además resultaba ser su propio padre. Se sabe que este hombre tiene una posición económica acomodada en la región de Tulancingo, lo que parece haber influido en el desenlace de un juicio en el que los jueces, inexplicablemente, desestimaron pruebas concluyentes que confirmaban el abuso.
El año pasado, la familia de la menor vivió una decepción absoluta ante la falta de justicia. Con toda razón, cuestionaron cómo es posible que, en casos tan delicados como el abuso sexual infantil, el sistema judicial falle de manera tan abrumadora. Las pruebas forenses, los dictámenes psicológicos que corroboraban la verdad en el testimonio de la niña, y los detalles del abuso que sufrió a manos de su padre fueron ignorados. Ni siquiera la valentía de la menor al declarar ante el tribunal fue suficiente para obtener justicia.
Hoy, un año después, la situación se repite. Tras la apelación presentada por los abogados de la menor, con la esperanza de revertir la sentencia, nuevamente un juez tomó una decisión incomprensible. Desestimó, una vez más, las pruebas presentadas y absolvió al agresor. Lo que parece imposible de creer es la justificación del juez, quien alegó que “su sentir” no le permitía convencerse de que los hechos narrados por la menor eran ciertos, basándose en factores periféricos sin sustancia. Esta nueva resolución no solo causa indignación, sino que refuerza la percepción de que, en casos como estos, la justicia es inexistente.
La frase con la que concluí aquella columna hace un año, “qué poca madre”, sigue siendo válida. Hoy, con más fuerza, reafirmo mi sentir: ese juez “no tiene madre”.
Hace unos días, en Tizayuca, un trágico accidente cobró la vida de un adulto mayor, quien fue atropellado por una pipa de Pemex. La escena, ya de por sí dolorosa, se tornó más indignante cuando un reportero, sin el menor respeto por la víctima, comenzó a grabar de cerca el rostro del fallecido, justificando su acción bajo el pretexto de la “libertad de prensa”.
Es preocupante que algunos profesionales del periodismo parezcan olvidar que hay lineamientos éticos muy claros que deben respetarse, especialmente en casos que involucran a víctimas. La libertad de prensa no puede ser utilizada como excusa para vulnerar la dignidad de las personas ni el derecho al respeto en momentos tan sensibles. ¿Qué pasaría si ese reportero enfrentara una situación similar con un ser querido? La respuesta a esta pregunta debería ser una reflexión obligatoria para todos aquellos que ejercen la labor informativa.