Es urgente que las autoridades fortalezcan sus protocolos, evalúen cambios de fondo y ofrezcan garantías reales para sus propios elementos. La seguridad no puede seguir dependiendo de declaraciones sin resultados.

Federico Escamilla
En menos de tres semanas, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo ha enfrentado tres ataques armados contra sus agentes. El más reciente ocurrió la noche del domingo 20 de julio en el municipio Tula de Allende, donde un agente perdió la vida y dos más resultaron heridos.
Estos hechos se suman a una preocupante serie de agresiones. La primera se registró entre el 5 y el 7 de julio, en una iglesia satánica en la colonia La Loma, en Pachuca. Ahí, dos agentes fueron asesinados tras ser golpeados y privados de la libertad cuando iban a entregar una orden de restricción relacionada con un caso de violencia contra una mujer.
Días después, el 11 de julio, en Tizayuca, otros agentes fueron atacados con armas de fuego. Cinco de ellos resultaron lesionados.
A pesar de la gravedad de los casos, la respuesta institucional ha sido limitada. Durante el funeral de los agentes asesinados en Pachuca, el procurador del estado, Fernando Fernández Hashbún, aseguró que “quien se mete con Hidalgo la paga”. Sin embargo, hasta ahora no se han reportado avances importantes en las investigaciones ni se han presentado nuevas estrategias de seguridad.
Estos ataques reflejan una situación compleja dentro de la corporación. La violencia contra personal de la procuraduría no solo pone en riesgo la vida de quienes trabajan en ella, sino que también incrementa la desconfianza social hacia las instituciones encargadas de procurar justicia.
La ciudadanía espera acciones concretas, no discursos. Es urgente que las autoridades fortalezcan sus protocolos, evalúen cambios de fondo y ofrezcan garantías reales para sus propios elementos. La seguridad no puede seguir dependiendo de declaraciones sin resultados.
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