La elección judicial de Hidalgo
En el 2025 México vivió una elección judicial inédita en esta etapa de transición democrática en la que vivimos desde los años 90
En el 2025 México vivió una elección judicial inédita en esta etapa de transición democrática en la que vivimos desde los años 90. En junio pasado en toda la República, incluido Hidalgo, tuvimos la oportunidad de votar por las personas candidatas a ministras, magistraturas y juezas del Poder Judicial de la Federación, en un proceso electoral extraordinario muy complejo que organizó el Instituto Nacional Electoral (INE), haciendo frente a vacíos legales de fondo que la reforma no contempló en las leyes secundarias.
Recordemos que esta elección fue producto de una reforma constitucional en materia judicial aprobada por el Congreso de la Unión en septiembre de 2024, donde se obligó también a las entidades federativas a armonizar sus constituciones y leyes locales conforme a la nueva disposición constitucional de elegir por voto directo a las personas juzgadoras, pero de los poderes judiciales estatales.
En tal disposición y atendiendo el poco federalismo que queda en la República, los congresos estatales podían elegir 3 caminos para la eventual renovación de esos cargos judiciales locales: la primera era realizar la elección de la totalidad de los cargos en 2025, la segunda era elegir en 2025 a la mitad de los cargos y en 2027 a la otra parte y, por último, la tercera opción era elegir todo en 2027.
Hidalgo fue una de las entidades federativas que decidió llevar a cabo la elección de todos los cargos judiciales locales en disputa hasta las elecciones de 2027, razón por la cual, el año pasado en nuestro estado, quienes votamos en la jornada electoral de la elección judicial solo tuvimos las boletas de los cargos del Poder Judicial de la Federación.
Así, el próximo año en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) organizaremos la elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, dentro de las que se incluyen las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, las magistraturas de lo que será el Tribunal de Disciplina Judicial que, en parte, reemplazará al Consejo de la Judicatura estatal, órgano que paradójicamente cumple 20 años en agosto, y la totalidad de las personas juezas del fuero común de todas las materias.
Será un proceso inédito, que refleja la nueva realidad judicial electoral en México, del cual, si bien aún hay posturas muy encontradas, también es cierto que es un derecho constitucional disponible y que, desde mi perspectiva, hay que ejercerlo con responsabilidad cívica y social para fortalecer nuestro sistema democrático.
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