Esa tensión sigue viva en nuestros tribunales. El derecho positivo ofrece procedimientos y certezas, pero la justicia exige equidad y dignidad

Cuenta la historia que, en la antigua Roma, un joven abogado defendía a un esclavo que había sido castigado injustamente. La ley, fría y escrita, decía que el castigo era válido, pero la justicia, ese ideal que trasciende épocas, gritaba lo contrario. El jurista se enfrentó entonces a la pregunta que aún hoy nos acompaña: ¿qué debe prevalecer: la letra de la norma o el espíritu de la justicia?
Esa tensión sigue viva en nuestros tribunales. El derecho positivo ofrece procedimientos y certezas, pero la justicia exige equidad y dignidad. Cuando ambos se alinean, la sociedad confía; cuando se contraponen, surge la sensación de que las leyes protegen a unos pocos y castigan a muchos.
En materia procesal, el test de proporcionalidad es la brújula que ayuda a los jueces a decidir entre derechos en conflicto. No se trata de aplicar la norma mecánicamente, sino de ponderar con rigor cuál derecho debe ceder y en qué medida, evitando que la justicia se sacrifique en nombre de la formalidad.
De igual forma, el control difuso de constitucionalidad otorga a cualquier juez la facultad de no aplicar una norma contraria a la Constitución. Es un mecanismo que recuerda que la justicia no puede quedar subordinada a leyes injustas o desfasadas. Es, en esencia, un puente entre lo que es y lo que debería ser.
Sin embargo, ninguna herramienta procesal será suficiente si la ética de los abogados no prevalece. El principio del deber ser debería guiar cada actuación: no basta con conocer la ley, hay que ejercerla con responsabilidad y compromiso con la justicia. Un abogado que se limita a explotar vacíos legales sin considerar el impacto humano de sus actos contribuye a la distancia entre derecho y justicia.
En México, donde la confianza en las instituciones se encuentra en constante escrutinio, jueces y abogados tienen la oportunidad de cerrar esa brecha. La justicia no puede ser un ideal lejano ni el derecho una mera formalidad; ambos deben encontrarse en la práctica cotidiana, en cada sentencia, en cada defensa, en cada norma que se aplica.
La democracia se sostiene en ese equilibrio: un derecho que se legitima porque encarna la justicia, y una justicia que se materializa porque encuentra cauce en el derecho. Mientras esa tensión se resuelva con ética, proporcionalidad y respeto a la Constitución, la sociedad tendrá la oportunidad de avanzar hacia un orden más justo.
Que la justicia y el derecho se encuentren siempre bajo los más altos valores de nuestra sociedad y de quienes imparten justicia.
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