Hablemos sobre abuso sexual infantil
Muy preocupante resulta conocer de casos de presunto abuso sexual en contra de menores que se litigan ante las autoridades y que han derivado en quejas sobre los procesos.
Muy preocupante resulta conocer de casos de presunto abuso sexual en contra de menores que se litigan ante las autoridades y que han derivado en quejas sobre los procesos.
Por citar ejemplos, en recientes días, el muy sonado caso de dos niñas presuntamente abusadas por dos de sus familiares en Zimapán, en donde las autoridades jurisdiccionales determinaron no vincular a proceso a las personas imputadas. Posteriormente, la parte afectada inició impugnaciones y amparos de revisión. Uno de estos recursos procedió a favor de las víctimas para que se revisara el actuar de la autoridad judicial que lo dictó. Al momento, de acuerdo a la versión de la PGJEH, el asunto se encuentra en análisis del Poder Judicial de la Federación (PJF).
De acuerdo con lo expresado por las autoridades, está comprobado que las niñas fueron víctimas de abuso sexual.
Por otra parte, en una conferencia de prensa con la presencia de la madre, su abogada y representantes de asociaciones civiles defensoras de los derechos de la niñez, se presentó denuncia pública sobre presuntas anomalías en el proceso judicial y exigir que se reevalúe el caso, con el fin de garantizar los derechos de una niña, hoy de nueve años, presuntamente abusada sexualmente por su padre, tras la absolución del acusado.
El presunto abuso ocurrió en 2019, poco después del divorcio de la pareja. El presunto violador convivía con su hija en su hogar, donde se alega que perpetró el delito. Sin embargo, fue hasta 2024, cuando la niña cumplió nueve años, que se judicializó el caso y comenzó el proceso.
En la denuncia pública se criticó el manejo del caso y las decisiones del juez, las cuales se dijo, consideran injustas y carentes de imparcialidad.
Se conoció que la niña fue entrevistada sobre el presunto delito utilizando una herramienta informática en donde un personaje llamado “Antenitas” se utiliza con la finalidad de generar un ambiente menos hostil para la presunta víctima y que sin la presencia física de adultos pueda sentir confianza y hablar sobre los hechos. De acuerdo con lo dicho por los querellantes, el resultado comprobó la existencia del abuso.
En espera de que en estos casos y otros que deben estar siendo juzgados, se garantice el debido proceso, se juzgue con perspectiva de derechos humanos y atendiendo en todo momento al interés superior de la niñez; que se cuide la no revictimización de las niñas, niños y adolescentes que están pasando por un proceso muy difícil que inicia con la terrible situación de verse violentados sexualmente con todos los daños físicos, psicológicos y emocionales que ello implica, y, además, deben enfrentar el desafío de hablar de lo que les ha ocurrido y hacerlo ante personas extrañas.
No podemos dejar de lado, que, en estos dos casos puestos como ejemplo, hay evidencia de que los hechos denunciados ocurrieron; estamos frente a niñas menores de edad abusadas sexualmente presuntamente por personas de su círculo familiar íntimo. Estos crímenes no deben quedar en impunidad. Hasta sus últimas consecuencias los perpetradores deben ser juzgados y sentenciados. Si la autoridad determina que no fueron las personas acusadas, queremos saber quiénes fueron y que se garantice justicia para las víctimas directas e indirectas.
La OCDE ha publicado en su más reciente informe que México es el país con mayor incidencia de abuso sexual infantil, con 4.5 millones de menores afectados anualmente. La mayoría de las víctimas son menores de tres a siete años. Sin contar, por supuesto, los muchos casos que desgraciadamente quedan en la obscuridad y nunca son denunciados.
Es necesario seguir hablando del tema en nuestras familias, en nuestras escuelas, en las reuniones sociales para quitar el tabú sobre la denuncia de violencia sexual, particularmente en niñas, niños y adolescentes por su condición de extrema vulnerabilidad y visibilizarlo.
