¿En quién confiamos? Seguridad y la urgencia de una ciudadanía vigilante
La percepción de la ciudadanía sobre sus cuerpos de seguridad no se construye con boletines oficiales ni con patrullas que recorren las calles a media noche. Se construye en lo cotidiano, en lo que se ve, se escucha y se siente
Berenice Estrada
En los últimos meses algo se ha roto o quizá solo se ha hecho más visible en la relación entre ciudadanía y cuerpos de seguridad en distintos municipios del Valle del Mezquital. Desde Ixmiquilpan hasta Actopan, pasando por Progreso y Tula, los comerciantes han comenzado a recibir llamadas que, aunque virtuales, dejan huellas muy reales: amenazas, exigencias de “cuotas” y un miedo que crece como sombra. En esas llamadas, se asegura que quien está al teléfono forma parte de una organización criminal y que sus acciones son posibles gracias a la supuesta complicidad o permisividad de los mandos policiacos locales.
Esto ha encendido una alerta social, pero también una pregunta de fondo: ¿en quién confiamos?
La percepción de la ciudadanía sobre sus cuerpos de seguridad no se construye con boletines oficiales ni con patrullas que recorren las calles a media noche. Se construye en lo cotidiano, en lo que se ve, se escucha y se siente. Y cuando las instituciones encargadas de protegernos son puestas en entredicho, cuando la narrativa del miedo apunta no solo al criminal, sino al policía, la fractura se vuelve profunda.
Pero también es ahí donde entra nuestra responsabilidad ciudadana. La extorsión telefónica es una estrategia del miedo: busca paralizar, aislar, someter. Quienes están detrás de estas llamadas saben que el terror es más eficaz que la violencia directa, porque corroe desde dentro. Sin embargo, su éxito depende de nuestro silencio.
Por eso, lo primero es mantener la calma. Lo segundo, denunciar.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y las corporaciones de seguridad tienen protocolos para atender estos casos. Las llamadas de extorsión deben ser reportadas al 089, que es anónimo y gratuito, o al 911 en caso de emergencia. Las denuncias permiten detectar patrones, ubicar números utilizados, alertar a otras personas y, sobre todo, enviar un mensaje claro: la ciudadanía está alerta, no se dejará intimidar y exige respuestas.
Es cierto que existen dudas legítimas sobre el actuar de algunas autoridades. Pero no podemos combatir la impunidad con indiferencia. Si una persona tiene conocimiento o sospecha de que un elemento policiaco ha actuado en complicidad con grupos delictivos, también debe denunciarlo. Existen mecanismos internos, como los órganos de control interno para iniciar procesos de investigación. La queja oportuna no es un grito en el vacío: puede marcar la diferencia entre un ambiente de impunidad y uno de rendición de cuentas.
Además, los municipios del Valle del Mezquital tienen una ventaja que muchos otros han perdido: el tejido comunitario. Aquí, muchas personas todavía se conocen por nombre, muchas calles se caminan a pie, muchos negocios sobreviven gracias a la confianza mutua. Ese es un recurso poderoso. La seguridad también se construye desde abajo, con redes de vecinos organizados, con comerciantes que se cuidan entre sí, con padres y madres atentos a lo que ocurre en las escuelas y las calles.
La paz no se decreta: se teje, se trabaja, se defiende. Y aunque las instituciones tienen una responsabilidad primordial, nosotros también tenemos un rol que no se puede ceder.
Hoy más que nunca es momento de hablar, de preguntar, de exigir. ¿Qué está haciendo la autoridad local para prevenir las extorsiones? ¿Qué seguimiento se da a las denuncias? ¿Cuáles son los protocolos de atención inmediata? ¿Quién vigila a los que dicen protegernos?
Recuperar la confianza es un camino largo, pero posible. Comienza con pequeños actos: denunciar, compartir información verificada, hablar con nuestros hijos sobre la importancia de no responder llamadas de desconocidos, apoyar a quienes han sido víctimas de intentos de extorsión, exigir transparencia.
Queremos caminar tranquilos por nuestras calles, abrir nuestros negocios sin miedo, confiar en quienes portan un uniforme. No es un sueño ingenuo; es un derecho. Y solo lo vamos a alcanzar si entendemos que la seguridad no es cosa de unos pocos, sino tarea de todos.
