Desaparición de personas, el derecho a la verdad
Ante los últimos hechos evidenciados ocurridos en Teuchitlán, nos preguntamos: ¿La sociedad mexicana se ha acostumbrado a la barbarie, a los crímenes atroces afectando su capacidad de indignación?
Ya son 19 años de que nuestro país se encuentra envuelto en una lucha en contra del narcotráfico y que sin importar las formas en que los últimos tres gobiernos hayan decidido enfrentar el problema, lo cierto es que ni la oferta ni el consumo de drogas ha disminuido y en este camino ha habido más de 500 mil personas asesinadas y, según cifras oficiales, 120 mil personas desaparecidas, aunque sabemos que esa cifra no refleja la realidad que vivimos.
Hoy hablamos de Teuchitlán, pero hemos conocido de muchos otros lugares usados para la disposición de cuerpos de personas asesinadas; otros lugares usados como centros de reclutamiento y otros que combinan centros de reclutamiento y disposición de cuerpos.
Solo por recordar algunos, hablemos de San Fernando, Tamaulipas, en 2010, en donde 72 personas migrantes fueron asesinadas por negarse a participar y ser reclutadas por el crimen organizado. Mismo en San Fernando un año después, 196 cuerpos de personas que se presume se negaron a participar en actividades del crimen organizado, también fueron encontrados.
Con relación a centros de reclutamiento como el de Teuchitlán, hay registros de otros como uno cerca de este último, ubicado en la comunidad de Tala, Jalisco; mismo que se desmanteló hace siete años y que no fue investigado; por lo tanto, no sabemos lo que ahí ocurrió. Otro centro fue el instalado en el penal de Piedras Negras, en Coahuila, utilizado como un centro de operaciones de los Zetas para la distribución, reclutamiento y producción de materiales; en ese lugar y bajo el amparo de la autoridad fueron entrenadas y asesinadas cientos de personas. Ayotzinapa, y por desgracia, una larga lista de lugares con hallazgos de restos óseos. Probablemente el más grande que se tenga registrado es el de la Bartolina, en Tamaulipas, donde hasta donde se quedaron las investigaciones habían hallado media tonelada de fragmentos óseos, o en Patrocinio, cerca de Torreón. un descampado donde había hasta 90 tambos en los que se quemaba gente, una lista muy grande en donde se entrelazan diversos crímenes.
Personas que probablemente se acercaron voluntariamente para después ser retenidas en contra de su voluntad. Pero muchas más personas desaparecidas desde las estaciones de camiones de autobuses presuntamente atendiendo a falsas ofertas de trabajo. Personas levantadas, secuestradas y sometidas a cautiverio, explotación, adiestramiento, asesinato.
En todos los casos, no sabemos con seguridad qué fue lo que ocurrió en esos sitios ni la identidad de las personas asesinadas. En todos los casos, se da el fenómeno de la politización de los hechos por los intereses de uno y otro bando; con tendencia al ocultamiento, la omisión, la impunidad por intereses económicos, corrupción, financiamiento de campañas políticas, entre otros.
El caso es que nuestro país enfrenta una grave crisis de violación de derechos humanos con crímenes atroces que nos enfrentan a una cifra no cuantificable de personas muertas, desaparecidas o no localizadas.
La desaparición forzada de personas conlleva en sí misma la violación de una serie de derechos tales como el derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad. Los estándares internacionales han dicho, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha reiterado: las víctimas que han padecido violaciones graves de derechos humanos tienen tres derechos fundamentales: a la verdad, la justicia y la reparación.
La verdad entendida como el derecho a que el agravio que han sufrido se nombre. El derecho a saber en qué circunstancias ocurrió el agravio y además a saber quién o quiénes lo perpetraron. La justicia implica que la o las personas que cometieron el agravio resientan las consecuencias de sus actos de acuerdo con su gravedad. La reparación que implica que las víctimas sean resarcidas, en la medida de lo posible, de los daños que el agravio les ha causado. ¿Cuándo va a terminar esto? No es cuando los líderes de los cárteles consigan ponerse de acuerdo y decidan no involucrar a la población civil en sus desavenencias, la única vía para parar esta crisis de seguridad con sus terribles consecuencias expresadas en graves violaciones a los derechos humanos de los mexicanos, encarnadas en miles de personas muertas y desaparecidas, es la desmantelación del vínculo político-criminal, en lugar de ir sobre algunos mandos menores u operativos porque son fácilmente reemplazables; por esa vía, todo seguirá igual.
Ante los últimos hechos evidenciados ocurridos en Teuchitlán, nos preguntamos: ¿La sociedad mexicana se ha acostumbrado a la barbarie, a los crímenes atroces afectando su capacidad de indignación?
La movilización ciudadana exigiendo verdad y justicia por hechos como estos debería ser masiva y constante y no solo en el momento de la crisis como ahora mismo por el caso de Teuchitlán.
Mantengámonos al margen de los intentos del uso político de las crisis y centremos el interés en los crímenes atroces en contra de mexicanos y mexicanas que son desaparecidos, asesinados, reclutados, explotados. Pongámonos del lado de las víctimas y su derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
