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Democracia y participación ciudadana

Esta ley representa un estatuto legal para que la sociedad recupere la confianza en las instituciones y fortalecer una sociedad solidaria y corresponsable.

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Las paradojas son un tema recurrente en cuanto a los derechos de las sociedades modernas: a mayor libertad y formas de hacer cumplir nuestros derechos y hacer valer nuestra voz en los asuntos de los gobiernos, nos gana la apatía.

Tal vez es un reflejo al saber que independientemente a nuestras opiniones, acciones y conductas colectivas, estas no producen un eco en quienes están encargados de procurar nuestras garantías.

La declaración de los Derechos Humanos en su artículo 21, garantiza este derecho, al igual que en nuestra Carta Magna en su artículo 35.

La participación ciudadana constituye un eje sustantivo para el desarrollo de una mejor democracia y la construcción de ciudadanía, así mismo permite a los ciudadanos y ciudadanas, en su calidad de individuos o como miembros de organizaciones de tipo asociativas, de influir en el diseño, toma de decisiones y ejecución de las políticas públicas.

En el caso de Hidalgo, existe la Ley de Participación Ciudadana, que establece las diversas formas en que la sociedad puede incidir en los actos de gobierno.

Esta ley representa un estatuto legal para que la sociedad recupere la confianza en las instituciones y fortalecer una sociedad solidaria y corresponsable.

“La publicación de la ley contribuye a la consolidación de la participación ciudadana en nuestro estado al reconocer que los ciudadanos pueden intervenir en asuntos públicos de forma individual o colectiva expresando su aprobación rechazo opinión propuestas colaboración y en resumen su voluntad en todo aquello que les pueda causar beneficio o perjuicio”.

La ley de participación ciudadana, contempla la consulta popular, audiencia pública e iniciativa ciudadana, como mecanismos plenos de participación, sin embargo, existen otras formas en que la sociedad puede participar en las decisiones, como los observatorios ciudadanos, los comités de obra, los comités de planeación, las solicitudes de información, las quejas y las denuncias contra malos ejercicios de la función pública.

Fortalecer los indicadores de estas formas en que las personas y las organizaciones civiles pueden participar, es visibilizar a una sociedad ávida de conocer la forma en que sus opiniones y acciones son tomadas en cuenta.

Tal vez el único indicador formal son los resultados comiciales, en los que al término de alguna jornada electoral, las autoridades encargadas de su organización, dan a conocer el grado de participación.

Muy a propósito de este tema, paradójicamente olvidado, el pasado 16 de febrero se conmemora desde el año 2020 el día de la participación ciudadana, precisamente en ese día, la ley en comento fue aprobada años atrás.

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