En su afán de pasar a los libros de historia como uno de los presidentes más reformadores, Andrés Manuel López Obrador prepara una nueva “expropiación petrolera”, prácticamente idéntica a la que en 1938 concretó Lázaro Cárdenas, según se ve en la iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley de Hidrocarburos, parte de la cual adelantamos en este espacio el martes pasado.
De la misma manera que en los años 30, el general Cárdenas impidió la participación de compañías como la Royal Dutch Shell en la industria nacional de petrolíferos, López Obrador pretende suspender los permisos de manejo, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de hidrocarburos bajo el argumento de seguridad nacional o seguridad energética.
Al igual que en el caso de la CFE y la contrarreforma eléctrica, se busca regresar al monopolio estatal y recuperar para Petróleos Mexicanos el control de todas las actividades relacionadas con petrolíferos. Es una vuelta al pasado, a los tiempos previos a la reforma de Enrique Peña Nieto y al periodo previo al nacimiento del neoliberalismo.
La iniciativa no cancela de entrada los permisos de los privados, pero entrega al Estado la posibilidad de suspenderlos o revocarlos cuando la operación de estos presente irregularidades o riesgo para el país. Si tomamos en cuenta que la dependencia del sector energético hacia los combustibles del extranjero es muy alta —70 por ciento de los combustibles se importan—, el riesgo alcanza para que la 4T no deje un solo permiso en operación.
El discurso de “expropiación” es el mismo que hace 83 años: la defensa de los recursos que pertenecen a la nación. El general Cárdenas solo expropió la infraestructura de las petroleras que explotaban recursos que el Estado era incapaz de extraer, por lo que la misma historia se augura en esta aventura de AMLO, con un Estado propietario y único encargado de esos recursos, pero sin la tecnología necesaria para sacarles provecho.
Sumado a lo anterior está la pérdida de inversiones por unos 250 mil millones de dólares que se proyectaban para el sector de hidrocarburos durante los siguientes 10 años. Se tendrán a cambios costos elevados por la revocación de contratos, los cuales se calculan en no menos de 50 mil millones de dólares.
En el ámbito laboral, la estrategia para borrar de un plumazo los 30 años del periodo neoliberal se ve igualmente incompleta, pues se ha decidido que las riendas del sindicato petrolero sigan en manos de Carlos Romero Deschamps, el mismo al que el presidente Carlos Salinas entregó la administración del contrato colectivo de trabajo, luego de deshacerse de Joaquín Hernández Galicia.
Los petroleros acusan que se sigue bloqueando el regreso a la otrora paraestatal de los trabajadores que acompañaron a la Quina durante su dirigencia en el STPRM, pese a que existen órdenes del Poder Judicial para proceder a su reinstalación.
Franco Veites Palavicini, subdirector de Recursos Humanos, se ha negado a acatar la reinstalación de Eliel Flores Ángeles, quien fuera destituido en el año de 1989 —como parte del llamado Quinazo— y reinstalado en su posición por mandato judicial el 6 de noviembre de 1992, como resultado de la demanda laboral 337/89 promovida ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Flores Ángeles es el secretario General del Sindicato Nacional de la Empresas Productivas del Estado, mejor conocido como SNEPE, el cual no solo amenaza con desplazar al STPRM como representación sindical, sino que amenaza la prevalencia de Romero Deschamps como un actor importante de la nueva expropiación.
Mario Maldonado
