La mala reputación que los nueve años de presidencia de Edgar Elías Azar heredó al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura de la Cdmx, la cual está plasmada en la denuncia NA/CDMX/SEIDF/0000160/2020 que la UIF interpuso ante la FGR, parece no terminar con las nuevas administraciones.

Negocios inmobiliarios, compras a sobreprecio y relación con empresas de irregular trayectoria empiezan a ser, una vez más, la constante en las actividades del máximo órgano de justicia capitalino, presidido por Rafael Guerra Álvarez.

A finales de 2018 documentamos una operación inmobiliaria en la que Elías Azar intercambió con el Grupo Carso de Carlos Slim cinco edificios propiedad del Tribunal aledaños a la Torre Mayor de la avenida Reforma por un desarrollo que se convirtió en la nueva sede del organismo ubicada en la colonia Doctores.

Pues bien, en su primer año de gestión, el magistrado presidente Guerra Álvarez se estrenó con una operación que también se observa ventajosa para los desarrolladores inmobiliarios, en detrimento del patrimonio del Poder Judicial de la capital.

El Universal documentó el caso de Torre Vertia, un inmueble ubicado en avenida Patriotismo por el que el Tribunal ha pagado desde 2019 alrededor de 14.5 millones de pesos mensuales de renta, pese a que la construcción a cargo de Grupo Rouz, de Rolando Uziel Candiotti, no se había concluido y fue hasta el 3 de agosto de 2020 que entró en operación.
La versión oficial emitida por el magistrado presidente y el oficial mayor Sergio Fontes Granados es que en ese edificio se concentrarán 64 Juzgados Civiles —de procedimientos orales y escritos—, 26 salas de audiencia y estarán también las direcciones de Recursos Humanos, Recursos Materiales y Recursos Financieros, Asimismo, tendrá un centro de telecomunicaciones y cómputo. El argumento es que representaría un ahorro al evitarse la renta de otros tres inmuebles.

El encargado de la gestión para adquirir el inmueble fue el oficial mayor, bajo la premisa de que los otros edificios que se rentaban requerían una erogación mayor y representaban un riesgo de protección civil para los empleados. De ahí que se animó a firmar el contrato de renta que rondará los 900 millones de pesos y se prolongará hasta 2024.
Fontes Granados tiene su propia historia de corrupción. Se recuerda que en 2014 fue destituido de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la delegación Xochimilco, gobernada por Miguel Ángel Cámara, por supuestos actos de corrupción.

Adicionalmente, fue acusado por presunto abuso de autoridad por extorsionar a tianguistas, a quienes les permitía fiestas ilegales a cambio de cuotas y por autorizar la incorporación de empleados sin las credenciales necesarias para ocupar cargos públicos en la delegación.

Recientemente, en sesión del Consejo de la Judicatura de la Cdmx, Guerra Álvarez planteó a integrantes del pleno la posibilidad de exentar a la Oficialía Mayor de entregar sus reportes de rendición de cuentas para el primer semestre de 2020 por la contingencia sanitaria del Covid-19.

Los consejeros mostraron su rechazo a la medida, pues entre los gastos que se deberán reportar se encuentra la compra de cubrebocas quirúrgicos por 23 millones de pesos, con un precio de 11 pesos por unidad, la cotización más alta en el mercado minorista.

Asimismo, está en la mira la contratación del servicio para digitalizar los archivos del Poder Judicial, un contrato que pretende asignarse por adjudicación directa a Registral Management, SA de CV, empresa con largo historial de incumplimientos y sobre la que pesa una demanda en el Juzgado 12 de lo Civil.

Mario Maldonado