El gobierno federal tiene en la mira un posible nuevo esquema de desvío de recursos públicos en el sector de proveeduría de alimentos, específicamente en las ventas que hace a las dependencias públicas el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
Por las características que presenta el modelo de contrataciones, podría convertirse en la Estafa Maestra de la 4T; esta vez con el potencial de repartir irregularmente, según los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta un billón de pesos de manera anual.
La cifra —que representa supuestamente el monto total de las compras del gobierno federal en alimentos— la soltó el Ejecutivo a unos meses de iniciar su sexenio, cuando aseguró que 75 por ciento de los contratos en este rubro lo acaparaban 10 empresas, y prometió revelar el nombre de esas firmas. El anuncio nunca se hizo, al parecer porque entre los beneficiados o vinculados con esas adquisiciones se encontraban algunos personajes muy encumbrados del gabinete.
La reedición de la Estafa Maestra consistiría en convertir a Segalmex, a través de su compañía subsidiaria Diconsa, en el proveedor principal de víveres del propio gobierno, en particular de los grandes compradores como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Secretaría de Educación Pública, la Policía Federal, el IMSS, el Issste y el sistema DIF nacional. También se incluye en esa lista de grandes compradores a la Secretaría de Gobernación, como administrador del Sistema Penitenciario Federal.
Segalmex, a cargo del amigo del presidente y quien él dio su primer empleo, Ignacio Ovalle, competiría con las empresas de la iniciativa privada en las licitaciones de proveeduría; sin embargo, de acuerdo con los funcionarios que participan en las reuniones previas a la conferencia mañanera de Palacio Nacional, en más de una ocasión López Obrador ha instruido a las cabezas de dependencias, sobre todo a los militares, para que prioricen las compras a Diconsa.
El problema con establecer a Segalmex como principal proveedor es que, al igual que cualquier compañía abarrotera, las compras del organismo dependiente de la Secretaría de Desarrollo Rural no se rigen por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sino por el Código de Comercio, es decir, compran a la que consideran mejor oferta bajo decisión exclusiva de directivos de Diconsa.
Los antecedentes apuntan a que este esquema es inmejorable para dirigir onerosos presupuestos de las dependencias públicas hacia empresas preseleccionadas, como sucedió por años en otros formatos comerciales vinculados a las operaciones de los organismos de gobierno, por ejemplo, las polémicas tiendas SuperIssste.
El pasado 19 de marzo, la Auditoría Superior de la Federación interpuso una denuncia ante la FGR por irregularidades de más de 800 millones de pesos detectadas en los supermercados del Issste, los cuales, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se convirtieron en proveedores favoritos de la Cofepris, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Cdmx y del propio Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a pesar de que ese tipo de operaciones no formaban parte de sus funciones.
En la época de José Reyes Baeza, el SuperIssstereportaba ingresos por más de mil millones de pesos, de los cuales 834 millones correspondían a ventas a entidades y dependencias de gobierno. Por tanto, se determinó que dichas operaciones fueron utilizadas como intermediarias para evadir las disposiciones normativas en materia de adquisiciones, exactamente como podría suceder ahora con las compras a través de Segalmex.
Mario Maldonado
