Andrés Manuel López Obrador decidió darle al Ejército todo el poder económico. Sin importar que la Secretaría de la Defensa Nacional tenga una vocación diferente a la de construir aeropuertos, instalar cajeros automáticos o administrar aduanas, el presidente quiere recompensarlos, de manera que nunca estén en contra de él ni de su movimiento político. Sin embargo, las cosas pueden salir mal, porque ni en el mismo Ejército o la Marina están seguros de que pueden cumplir los caprichos del Ejecutivo.

Este fin de semana, en una más de sus decisiones unilaterales, el presidente anunció que entregará a las secretarías de la Defensa y de Marina la administración de los tramos 1, 6 y 7 del Tren Maya, así como los aeropuertos de Tulum, Chetumal, Palenque y el de Santa Lucía, el cual, según AMLO, lleva un
avance de 40 por ciento.

El argumento para dejar en manos del Ejército y la Marina los tramos del Tren Maya y la gestión de los aeropuertos del sureste es “evitar que haya tentación de privatizar esta obra, así como garantizar la seguridad en la región”.

Hacer a un lado a la Iniciativa Privada (IP) en los principales proyectos de la administración es otro punto de quiebre del presidente López Obrador con los empresarios, quienes en medio de la debacle económica por el Covid-19 y la falta de estímulos por parte del gobierno federal, está padeciendo la peor crisis de la historia reciente.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Eduardo Ramírez Leal, ha sido el más vocal en cuanto a la intervención del Ejército en los proyectos de infraestructura del país.
Una y otra vez, ha lamentado que no sean tomados en cuenta para la obra pública y que el Ejército sea utilizado como constructor, ya que este mecanismo no genera ahorros ni transparencia en el uso de recursos públicos.
En 2020, el PIB de la construcción se desplomará 15 por ciento, la mayor caída de los últimos 25 años, por lo que cerrarán sus puertas unas 2 mil empresas del sector, con lo que se dejará desempleados a por lo menos 140 mil trabajadores.

El golpe de 2020 se suma al de 2019, cuando el PIB del sector de la construcción cayó 5 por ciento, a pesar de que no hubo una crisis económica. El mal dato tuvo que ver con la incertidumbre generada por el gobierno de la 4T hacia la IP y a la injerencia del Ejército en las obras de infraestructura.

La estrecha relación del Ejecutivo con el Ejército se ve reflejada en la construcción de los proyectos estratégicos, tales como administrar los puertos y las aduanas, comprar y distribuir medicamentos para el sector Salud, distribuir los libros de texto gratuitos, construir 2 mil 700 cajeros automáticos para el Banco del Bienestar –y próximamente gestionar el banco–, desarrollar el aeropuerto de Santa Lucía y ahora administrar los tramos 1, 6 y 7 del Tren Maya y los aeropuertos de Tulum, Chetumal y Palenque.

Nunca en la historia el Ejército había tenido tantas tareas ni gestionado tantos recursos, además de salvaguardar al país y combatir al crimen organizado. Los proyectos a su cargo suman inversiones superiores a 500 mil millones de pesos. Pero el poder económico de las Fuerzas Armadas es un arma de doble filo por AMLO: por un lado, la opacidad en el manejo de los recursos podría generarle escándalos de corrupción a la 4T; y por el otro, la presión en torno a las secretarías que encabezan el general Luis Cresencio Sandoval y el almirante Rafael Ojeda, los cuales no cuentan con los recursos técnicos ni la capacidad de gestión, podría terminar por explotar contra el presidente.

Pase lo que pase, hoy la injerencia de las Fuerzas Armadas en los proyectos económicos representan un grave problema del gobierno con empresarios e inversionistas.

Mario Maldonado