La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ha puesto en marcha una investigación tras la circulación de videos en redes sociales que sugieren un presunto acto de corrupción protagonizado por el cantante de corridos tumbados Natanael Cano
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ha puesto en marcha una investigación tras la circulación de videos en redes sociales que sugieren un presunto acto de corrupción protagonizado por el cantante de corridos tumbados Natanael Cano y agentes de la Policía de Hermosillo.
Según el comunicado emitido por la FGJES el pasado 29 de marzo, los videos virales muestran al artista dentro de un vehículo en aparente conversación con un oficial municipal al que le ofrece una suma de dinero. En las imágenes, se aprecia al agente aceptando el dinero antes de regresar a su patrulla, permitiendo que Natanael Cano continúe infringiendo las normas de tránsito.
Además, en otro fragmento de los videos, se observa a los agentes de tránsito interactuando nuevamente con el cantante, quien parece estar en desacuerdo con la situación y afirma haber entregado dinero anteriormente para evitar ser detenido.
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Natanael Cano, a través de sus historias en Instagram, ha compartido estos polémicos videos donde se le ve enfrentando a los agentes de la ley. En una de las grabaciones, Cano se dirige al oficial diciendo: “Ni voy a contar, toma”, antes de que este último reciba lo que parece ser dinero en efectivo.
En otro video, Natanael Cano discute con los policías, alegando que ya les había dado dinero previamente para evitar ser detenido nuevamente. La situación se torna más tensa cuando el cantante arroja billetes hacia los oficiales, lo que resulta en uno de ellos recogiéndolos del suelo.
Ante estas evidencias, el agente del Ministerio Público encargado del caso ha ordenado una serie de diligencias e investigaciones adicionales para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. La FGJES ha asegurado que se llevará a cabo una investigación imparcial y exhaustiva, garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos de todas las partes involucradas.