El intérprete declaró en el juicio contra Ángel del Villar, señalado por violar restricciones financieras del Departamento del Tesoro

Gerardo Ortiz admitió presentaciones para una empresa investigada por autoridades estadounidenses.
El cantante Gerardo Ortiz obtuvo una sentencia de tres años de libertad condicional luego de aceptar cargos relacionados con presuntas transacciones con una empresa vinculada al crimen organizado. La resolución fue emitida por la jueza Maame Ewusi Frimpong como parte de un caso iniciado en 2024, en el que se investigaron sus presentaciones para una promotora señalada por autoridades estadounidenses.
La sentencia se determinó después de que Gerardo Ortiz acudiera a la corte federal de California para cerrar el procedimiento judicial. De acuerdo con documentos oficiales, la fiscalía consideró la colaboración del artista con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) como un elemento que contribuyó al acuerdo entre las partes.
Antes de esta etapa, el intérprete había pagado una fianza de 10 mil dólares, lo que le permitió continuar su proceso fuera de prisión mientras avanzaba la investigación.
En marzo de 2025, Gerardo Ortiz reconoció que participó en eventos organizados por Gallística Diamante, empresa dirigida por Jesús Pérez Alvear, identificado por autoridades como operador financiero de grupos delictivos. Según su declaración, estas presentaciones se realizaron por insistencia de su productor.

Además, Gerardo Ortiz colaboró con el FBI al testificar en el juicio contra su exmánager, Ángel del Villar, quien enfrenta 11 cargos, entre ellos violaciones a la Ley Kingpin, que prohíbe a ciudadanos estadounidenses realizar negocios con organizaciones criminales. Su testimonio fue señalado como parte del acuerdo que permitió alcanzar la resolución final.
Como sanción adicional, Gerardo Ortiz deberá cubrir una multa de 1.5 millones de dólares, monto equivalente a más de 27 millones de pesos mexicanos. El pago forma parte de las condiciones impuestas por la corte para concluir el proceso en su contra.
El abogado del cantante, Mark J. Werksman, declaró de manera textual que su cliente “ha declarado verazmente sobre sus presentaciones en conciertos en México pactados por promotores con los que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha prohibido a los estadounidenses hacer negocios”.
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