Un juez de control del penal de Almoloya de Juárez, Estado de México, emitió órdenes de captura contra 10 involucrados en el caso de la conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) atribuye la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

Algunos de los implicados son, Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (Oadprs); Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración, y Emmanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales.

La acusación del Ministerio Público refiere que los implicados estarían relacionados con el desvío de 2 mil 950 millones de pesos obtenidos mediante contratos asignados de manera directa que fueron utilizados con empresas fachada que operaron durante la pasada administración federal y presuntamente prestaron servicios a la Secretaría de Gobernación.

De acuerdo con investigaciones, auditorías realizadas a la Secretaría de Gobernación revelaron que la institución entregó los recursos a través de contratos que fueron otorgados a empresas dedicadas a realizar facturas por servicios o productos no entregados.

Supuestamente el despacho de Víctor Manuel Álvarez Puga sirvió de enlace para que los recursos se transfirieran a las empresas fachada e Inés Gómez Mont habría incurrido en defraudación fiscal también relacionada con las actividades de su cónyuge, sumando alrededor de 14 millones de pesos en adeudos fiscales.

Los cargos imputados no permiten la libertad bajo fianza, por lo que en caso de ser detenidos enfrentarán prisión preventiva oficiosa.

La realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita fue denunciada a partir de las revelaciones que hizo ante la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), uno de los abogados que servían a la pareja.

La carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORIFAM-MEX /0000758/2019 fue puesta hace unas semanas a consideración de un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, por la cual ya libró orden de captura en contra de la conductora de televisión y su cónyuge por lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada.

Con información de La Jornada

Redacción web

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