El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tulancingo, Rafael Guerrero Gómez, informó que de los 54 elementos que causaron baja por no acreditar las pruebas de control y confianza, alrededor de 14 determinaron demandar al gobierno municipal por despido injustificado.

El funcionario indicó que los ahora expolicías preventivos están en su derecho de proceder como mejor convenga a sus intereses; sin embargo, el ayuntamiento tiene la forma de justificar sus ceses.

De acuerdo con lo dicho por Guerrero Gómez, quienes iniciaron demandas por despido injustificado formaron parte de las filas de la corporación policiaca por espacio de tres y hasta 16 años.

Indicó que, en su mayoría, los demandantes objetaron que no se respetó ni su antigüedad ni sus derechos.

“Otros tienen dudas sobre si realmente reprobaron la prueba de control y confianza, pero es un examen que no es manipulable, porque nosotros solo recibimos los resultados”.

Rafael Guerrero sostuvo que al prescindir de los servicios de más de 50 oficiales de Seguridad Pública, el gobierno de Tulancingo solo cumplió con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Recordó que esta ordenanza, en su artículo 139, establece que se sancionará con dos a ocho años de prisión y de 500 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quien asigne nombramiento de policía, Ministerio Público o perito a personas que no hayan sido certificadas y registradas en los términos de la misma.

Puntualizó que en marzo pasado venció el plazo que fijó la federación para la baja de los policías no aprobados en control y confianza, por lo que los agentes fueron dados de baja.

María Antonieta Islas | Tulancingo

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