La tarde del viernes, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) decomisó varios artículos de oficina de la presidencia municipal de Tula, entre los que se hallan una computadora, una impresora, un teléfono celular y documentación diversa.
De acuerdo con las autoridades ministeriales, originalmente acudieron a entregar una notificación al alcalde Manuel Hernández Badillo para que el edil se presente de manera voluntaria en la dependencia a fin de complementar las investigaciones por el presunto desvío de casi 61 millones de pesos de la Cuenta Pública 2021.
Lee también: Suma Tizayuca 10 homicidios en cuatro meses
Lee también: Alistan en Vito la Feria del Pulque Artesanal
Sin embargo, los agentes, quienes arribaron a la sede del gobierno municipal alrededor de las 13:30 horas, decomisaron algunos artículos de la oficina del presidente para posteriormente retirarse a las 16:10 horas.
La notificación no pudo ser efectiva debido a que se tiene que hacer de manera personal y, en vista de que no encontraron al mandatario, no dejaron el escrito a algún representante de Hernández Badillo.
Por otro lado, se dio a conocer que funcionarios de la PGJEH esperaron al edil en la sala de Cabildo durante más de dos horas y media, sin que los funcionarios locales los recibiera o respondieran a nombre del alcalde.
El resto de los trabajadores del ayuntamiento realizaron sus tareas de manera normal, pero ninguno quiso dar una versión por parte del municipio.
Miguel Ángel Martínez | Tula de Allende
Tambipen te puede interesar Endosan la factura de patrulla a aseguradora
En sesión ordinaria del Cabildo de Tula de Allende, se aprobó por mayoría autorizar a la síndica Lilia Ibáñez Cornejo endosar la factura EANAUHF1207, de una patrulla, a favor de la aseguradora CHUBB Seguros México para su reposición, luego de que fuera declarada pérdida total en marzo de 2021.
Durante la discusión del asunto, el regidor Joaquín Alfaro Donis cuestionó a la representante legal del municipio el motivo por el cual se presentaba esta iniciativa para su aprobación hasta ahora, más de dos años después, a lo que Ibáñez respondió que se debió a que resulta muy largo el proceso con el gobierno del estado para dar de baja las placas del vehículo.
Además, afirmó que los trámites con la aseguradora “no fueron sencillos” y dijo estar “en toda la disposición” de responder por la pérdida total de la unidad, para lo cual les piden endosar la factura de la camioneta, a fin de que la repongan.
