El alcalde de Tula, Manuel Hernández Badillo, reconoció que la Secretaría de Seguridad Pública local (SSP), “por sus limitaciones”, no puede garantizar la protección de la cementera Cruz Azul y la comunidad Jasso, por lo que pidió ayuda a los gobiernos estatal y federal para ello.

En entrevista, el edil mencionó que tras el ataque de un grupo de choque a las instalaciones de la planta, el 27 de abril pasado, tuvo “pláticas inmediatas” con los dos órdenes de gobierno superiores para que, en la medida de lo posible, apoyaran al municipio en este tema.

Aceptó que el día del enfrentamiento, que costó la vida a ocho personas y dejó a nueve más heridas, la SSP de Tula recibió llamadas en las que se alertó sobre la llegada de grupos subversivos provenientes del Estado de México, los cuales pretendían hacerse del control de la fábrica de cementos y del resto de sus instalaciones.

Acerca de las denuncias realizadas por los trabajadores de Cruz Azul sobre la inacción de la Policía municipal el día de los acontecimientos, dijo que el comisario de Seguridad en el municipio y sus elementos se apegaron a los protocolos establecidos por su homóloga estatal, que también fue notificada sobre los hechos.

Recordó que el ayuntamiento está adherido al Mando Coordinado de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), por lo que dicha instancia se encargó de las acciones durante el evento.

Antes que el edil, Alberto López Morales, presidente del Consejo de Vigilancia de Cruz Azul, demandó la intervención de los tres niveles de gobierno, a fin de evitar una confrontación similar o peor que la del 27 de abril.

RESPONSABLES

De acuerdo con investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), las personas responsables del ataque a la planta cementera son originarias de Estado de México y fueron contratadas por personas desconocidas para realizar un desalojo o como guardias de seguridad

Miguel Ángel Martínez I Tula de Allende

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