¿Ya arreglaron las rampas para discapacitados en la calle 5 de Febrero de Tula?

Continúan sin atenderse las deficiencias estructurales y de movilidad para personas con discapacidad (PCD), que tiene la calle 5 de Febrero del centro de Tula, mismas que hace más de dos meses la regidora Ivonne Ponce Sobrevilla demandó al gobierno municipal que se corrigieran.

Durante la sesión de Cabildo ordinaria, correspondiente al primer lunes de julio, la asambleísta requirió al municipio que se atendieran las deficiencias de la arteria, entre ellas, las rampas para sillas de ruedas, las que se encuentra fuera de norma y tienen macetas y hasta postes en medio de ellas.

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A dos meses de la petición, que incluso se hizo acompañar de un video, donde una persona con discapacidad hizo un llamado al alcalde Cristhian Evanivaldo Martínez Reséndiz para que se atendiera la problemática, en perjuicio de las personas con movilidad reducida, el ayuntamiento no las ha corregido.

Mediante otro posicionamiento —en sesión de Cabildo—Ponce Sobrevilla denunció que la obra carece de la calidad y accesibilidad adecuadas para brindar servicio, tanto a la ciudadanía en general como a las PCD, y dijo que, incluso, se acudió a la Contraloría estatal para hacer que se subsanen las deficiencias.

¿Qué dice la Contraloría estatal sobre la infraestructura de la céntrica vía?

Dio a conocer que la dependencia estatal respondió que la vialidad incumple con los requisitos de accesibilidad universal (no tiene acceso seguro y cómodo para todos los sectores poblacionales), además de que hay vicios ocultos y deficiencias estructurales por la mala calidad de los materiales utilizados por la constructora que ejecutó la obra.

La regidora independiente sostuvo que el único fin que busca como parte del ayuntamiento, es que se corrija lo que está mal en beneficio de la ciudadanía, y que la constructora que estuvo a cargo de los trabajos, responda por las deficiencias y la mala calidad de las labores, así como que se cumpla con las fianzas de vicios ocultos.

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Indicó que no se puede permitir que el gobierno local, encargado de defender los intereses y el bienestar de los tulenses, prefiera proteger a un contratista que no hace bien las obras, situación que pone en riesgo a la ciudadanía.