Demandaron a la administración de la entidad “empatía y respeto” por su situación y condenaron hayan sido responsabilizados del socavón
Población e integrantes de la Gran Asamblea de Damnificados Tula 2021 rechazaron la postura del gobierno estatal respecto a la problemática de las viviendas afectadas por la corriente del río Tula, sobre todo del estado de vulnerabilidad en el que han quedado quienes viven en la orilla del afluente.
Demandaron a la administración de la entidad “empatía y respeto” por su situación y condenaron hayan sido responsabilizados del socavón que se formó el pasado domingo, que dejó sin cimientos a dos casas y un patio escolar.
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Manifestaron que, en la mayoría de los casos, ellos no construyeron de manera anómala, sino que fue la ampliación del río Tula “la culpable” de que sus viviendas quedaran colindantes al afluente.
Berenice Pecina Jiménez, presidenta de la Gran Asamblea de Damnificados, dijo que lo que todavía se le exige al gobierno estatal, como desde hace casi dos años que llegó la actual administración, es que se realice una supervisión de las obras del afluente por parte de la Secretaría de Contraloría de Hidalgo, para que exista seguridad de que haya “trabajos de calidad y perdurables”.
La representante señaló que la que evalúa todo en Tula es la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero que la dependencia también se encarga de su ejecución, por lo que “la institución no debe ser juez y parte”.
“No hay garantía de que se hagan obras de calidad, no hay transparencia, hoy ni siquiera sabemos a ciencia cierta el presupuesto que se ha ejercido. A falta de una contraloría que esté al pendiente de las labores, desde que iniciaron los trabajos han hecho lo que han querido”, reclamó Pecina Jiménez.
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De esta manera, aseguró la lideresa que la ciudadanía de Tula ha resultado afectada más de una vez por el gobierno federal y la Conagua, “mientras que el Ejecutivo estatal se deslinda y nos culpa de la situación”.
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