México impulsa nueva Ley de Aguas para frenar acaparamiento y mercado ilegal 

El gobierno federal presentó los alcances de la nueva Ley de Aguas, una reforma que busca modificar el modelo de concesiones y regular el uso del recurso hídrico en México.  

De acuerdo con autoridades federales, el objetivo principal es garantizar el acceso equitativo al agua y evitar prácticas relacionadas con el acaparamiento, la especulación y el uso irregular del recurso. 

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Durante la exposición de la reforma, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, explicó que la Ley de Aguas elimina la transmisión de concesiones entre particulares, un mecanismo que durante años permitió la creación de un mercado paralelo de derechos de explotación en México. 

El funcionario indicó que bajo el esquema anterior era común que concesiones otorgadas para uso agrícola fueran transferidas posteriormente a proyectos industriales, inmobiliarios o comerciales, lo que generaba ingresos elevados para particulares en distintas regiones de México. 

Morales López señaló que el nuevo marco jurídico pretende modificar esta dinámica y establecer controles más estrictos en el otorgamiento y uso de concesiones en México. 

Cambios en el sistema de concesiones con la Ley de Aguas 

Las autoridades federales señalaron que la Ley de Aguas busca impedir la especulación con concesiones en acuíferos con alta presión de explotación en México. Uno de los ejemplos citados fue el caso del acuífero Laguna de Hormigas, en Chihuahua, donde se detectaron concesiones sin infraestructura hidráulica instalada. 

Según Conagua, estas concesiones se habrían solicitado con el objetivo de vender posteriormente los derechos de explotación del recurso en México. 

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el modelo anterior impedía que nuevos usuarios accedieran al agua cuando las concesiones ya estaban asignadas, incluso si los titulares no utilizaban el recurso. 

De acuerdo con el planteamiento oficial, la Ley de Aguas busca priorizar el derecho humano al agua y garantizar que el recurso llegue a quienes realmente lo necesitan en México. 

Las autoridades también presentaron casos de uso irregular detectados durante revisiones recientes. Uno de ellos involucró concesiones agrícolas que, según las investigaciones, fueron utilizadas para abastecer desarrollos inmobiliarios mediante el suministro de agua en pipas. 

De acuerdo con información presentada por el gobierno federal, estas concesiones ya fueron retiradas y los aprovechamientos clausurados conforme a las disposiciones de la Ley de Aguas. 

Además, las autoridades documentaron perforaciones ilegales de pozos en Nayarit y tomas clandestinas en infraestructura hidráulica en Baja California Sur, donde el agua era desviada antes de llegar a zonas habitacionales en México. 

La nueva Ley de Aguas contempla sanciones económicas de hasta 3.5 millones de pesos y penas de prisión de hasta cinco años para quienes incurran en explotación ilegal del recurso. 

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En paralelo, Conagua informó que también se detectaron irregularidades en empresas que operan en México, incluidas embotelladoras y refresqueras, relacionadas con la falta de pago de derechos, descargas sin autorización o sobreexplotación de acuíferos. 

Según datos oficiales, el gobierno ha realizado más de siete mil inspecciones en México para revisar el cumplimiento de concesiones de agua. De estas revisiones, más de mil derivaron en clausuras por uso ilegal del recurso. 

La implementación inicial de la Ley de Aguas también permite aumentar la recaudación relacionada con derechos de agua en México. Durante 2025 se registró un incremento cercano a tres mil millones de pesos, con una proyección de crecimiento adicional de más de seis mil millones para 2026. 

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