La Contraloría de Hidalgo se asegurará de que los desperfectos en la obra –que fueron reportados por vecinos de la vía– queden subsanados

Los detalles no son imputables a la constructora, dijo el contralor | Foto: Miguel Martínez
La reconstrucción de la carretera Zaragoza-Tula, que tuvo un costo de casi 30 millones de pesos, aún no se ha recepcionado debido a “detalles” técnicos y la Contraloría de Hidalgo se asegurará de que los desperfectos en la obra –que fueron reportados por vecinos de la vía– queden subsanados.
Así lo señaló el contralor estatal, Álvaro Bardales Ramírez, quien reconoció que la obra, la cual se ejecutó entre octubre de 2022 y mayo de 2023, aún no ha sido formalmente entregada por algunas inconsistencias.
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El contralor indicó que los trabajos ya están prácticamente concluidos y que el resarcimiento de los desperfectos costaría más recursos al gobierno de la entidad, dado que la mayoría de las observaciones no son imputables a la constructora que se hizo cargo de los trabajos.
“Se trata de cuestiones relacionadas con la planeación de la obra, como afectaciones por elevaciones del terreno, por lo cual, para realizar las reparaciones de la carretera, las cuales quedarán garantizadas, probablemente requieran otro desembolso económico”, explicó el contralor.
El contralor reveló que se prevé que la obra sea recepcionada antes de julio y posteriormente se realizará la reparación de los desperfectos reportados.
Reiteró que la reparación de las deficiencias será costeada por el estado, ya que hay cuestiones con el tema de la planeación que se tienen que asumir, porque esos detalles no son responsabilidad de la empresa.

La carretera Zaragoza-Tula se construyó con recursos estatales provenientes del reemplacamiento en Hidalgo. La obra forma parte de un paquete de obras para Tula que anunció el gobernador en agosto pasado, las cuales tuvieron una inversión de cerca de 150 millones de pesos.
En entrevista con medios de comunicación, el secretario de la Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez, aseguró que, de los más de 400 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió justificar al gobierno del estado, existe riesgo de que entre 40 y 45 millones de pesos no puedan ser subsanados, lo que derivaría en responsabilidades administrativas que podrían provocar inhabilitaciones.
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De dicho recurso, el contralor estatal ejemplificó, sin dar mayores detalles, el caso de una universidad de Hidalgo que modificó el tabulador de salarios, por lo que no existe documentación para justificar y el rector de la institución educativa ya fue separado del cargo.
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